La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, ha tomado decisiones judiciales trascendentales para esclarecer el entramado de corrupción promovido por la constructora brasileña en la contratación de obras públicas y en otros ámbitos de la vida nacional.
En base a las pruebas recopiladas, la Fiscalía presentará una solicitud de audiencia de imputación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar, su hijo David Zuluaga Martínez y la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen. Paralelamente, se ha archivado una investigación que se seguía contra la exministra de Educación Gina María Parody debido a la atipicidad de las conductas por las que fue denunciada.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la presunta financiación de la campaña electoral con fondos provenientes del extranjero. Según las pruebas recabadas, en 2014, el entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar habría mantenido varias reuniones en su apartamento en el norte de Bogotá con Eleuberto Antonio Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia. Durante estos encuentros, aparentemente se acordó un aporte de la multinacional brasileña para cubrir parte de los servicios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, quien trabajaba para la campaña.
De acuerdo con lo pactado, entre junio y julio de 2014, Odebrecht habría girado 1’610.000 dólares a una cuenta de una empresa propiedad del reconocido publicista en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial habría presuntamente completado el pago de los honorarios de ‘Duda’ Mendoça.
Esta actuación podría constituir una vulneración del artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.
Las evidencias recopiladas indican que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad omitiendo esta información ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de obtener una reposición de votos por un monto superior a los 25 mil millones de pesos, lo cual fue concedido.
Estos avances en la investigación demuestran la determinación de la Fiscalía en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la corrupción y la financiación ilícita en campañas electorales. Se espera que la audiencia de imputación arroje mayor luz sobre los supuestos actos irregulares y que se puedan tomar las medidas judiciales correspondientes para salvaguardar la transparencia y la democracia en el país.
