Prado se quedó sin alcalde. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de José Jadel Flórez y ordenó la cancelación de la respectiva credencial, en un fallo proferido esta semana y notificado el viernes, .
El máximo tribunal contencioso administrativo revocó la sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de las demandas.
El Consejo de Estado advirtió a las partes que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno, por lo que el próximo paso es que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, solicite una terna al partido que avaló a José Jadel Flórez, mientras la Registraduría convoca a una nueva elección.
La demanda
Tras el fallo de primera instancia, la demanda fue apelada por los demandantes Carlos Andrés Navarro y Wilson Hoyos, quienes habían solicitado la nulidad tras señalar que Flórez Serrato resultó elegido el 29 de octubre de 2023, pero un año antes, el 29 de octubre de 2022, la Defensoría del Pueblo firmó electrónicamente un contrato de prestación de sus servicios profesionales de abogado para la representación judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública y la promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Y explicaron que cuando inscribió su candidatura a la Alcaldía de Prado (Tolima) se encontraba incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 36 de la Ley 617 de 2000.
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Además, según la demanda, «el alcalde incurrió en la prohibición de doble militancia, por cuanto participó en las elecciones territoriales del 25 de octubre de 2015 con el aval del movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia – AICO y luego, sin renunciar a esa colectividad, se inscribió como candidato para las elecciones del 29
de octubre de 2023 por la coalición Alianza Social por Prado, integrada por los partidos políticos Centro Democrático y Nueva Fuerza Democrática».
Otro aspecto señalado es que «cuando fue alcalde de ese mismo municipio en el período 2008 – 2011 con el aval del Partido Liberal Colombiano y, durante su gestión celebró varios contratos de prestación de servicios profesionales que fueron demandados por implicar una relación laboral encubierta, lo que generó una condena en contra de dicha entidad territorial».
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