Un nuevo caso de abuso policial en Ibagué vuelve a poner en el ojo del huracán a la Policía Metropolitana. Un funcionario del Inpec denunció públicamente que fue víctima de una brutal agresión por parte de varios uniformados, quienes lo habrían golpeado, detenido sin motivos claros y sometido a tratos degradantes, pese a que no había cometido ninguna falta.
El hecho ocurrió en horas de la noche, en la avenida principal del barrio Protección, cuando el hombre, cuya identidad se reserva por motivos de seguridad, realizó una breve parada para cobrar una deuda a un conocido. Según su relato, un patrullero identificado como Jairo Alexander Rosero Bastidas se acercó de manera agresiva y lo acusó de estar obstruyendo la vía. Lo que empezó como una advertencia de tránsito terminó en una persecución violenta, una detención cuestionada y una golpiza que hoy genera indignación.
El relato de la víctima: “Me golpearon y me torturaron”
El denunciante narró que el uniformado intentó sacarlo del carro a la fuerza, jalándolo por el cuello a través de la ventana. Ante el nivel de agresividad, decidió retirarse del lugar y dirigirse a la casa de sus padres. Sin embargo, hasta allí lo persiguieron varias patrullas de la Policía, con más de 10 agentes que, según él, llegaron con violencia, intimidaron a sus padres –personas de la tercera edad– y trataron de sacarlo del vehículo por la fuerza.
“Me propinaron golpes en el rostro, en el abdomen y en diferentes partes del cuerpo. Incluso después de estar reducido, me apretaron las esposas con la clara intención de torturarme. Nunca me resistí ni agredí a los uniformados. Lo único que hice fue pedir que respetaran mis derechos”, aseguró.
El funcionario recordó que recientemente había sido sometido a una cirugía, lo que hizo que las agresiones le generaran fuertes dolores en el abdomen y dificultades para respirar. Pese a sus constantes llamados para ser atendido médicamente, afirma que la Policía prolongó su traslado con el propósito de “hacerlo sufrir”.
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Denuncia por abuso policial en Ibagué: contradicciones en la actuación oficial
Una de las situaciones más graves señaladas es que los uniformados intentaron justificar la captura alegando que se trataba de un “accidente de tránsito” y que el hombre había arrollado a un policía. No obstante, videos grabados por testigos muestran que nunca hubo tal accidente.
En el centro médico al que fue llevado, el funcionario se sometió voluntariamente a pruebas de alcoholemia. Los resultados, según afirma, descartaron cualquier grado de embriaguez. Sin embargo, insiste en que algunos uniformados presionaron al personal médico para alterar el procedimiento.
“En ningún momento estaba borracho ni bajo el efecto de sustancias. Pedí la prueba de sangre y la prueba psicomotriz, y ambas confirmaron que estaba en estado normal. Pero los policías querían a toda costa que apareciera como positivo en alcoholemia”, denunció.
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Maltrato, persecución y temor por su seguridad
Tras permanecer más de 36 horas privado de la libertad en condiciones que describe como indignas, el funcionario recibió la libertad. No obstante, asegura que en el proceso fue torturado psicológica y físicamente, e incluso encerrado con delincuentes comunes, pese a que había solicitado medidas especiales de protección por su condición de funcionario público.
El denunciante teme ahora por su vida y por la de su familia, pues afirma que algunos uniformados habrían presionado a administradores de edificios para eliminar grabaciones de seguridad que registraron los hechos. “Gracias a que alcanzamos a recuperar un video, hoy puedo probar que lo que digo es cierto. De lo contrario, mi versión habría quedado en el aire”, subrayó.
Abuso policial en Ibagué: llamado a las autoridades
Este nuevo caso de abuso policial en Ibagué se suma a una larga lista de denuncias ciudadanas que cuestionan los límites en el uso de la fuerza por parte de algunos uniformados. La víctima insiste en que la justicia debe actuar con firmeza para evitar que hechos como estos sigan ocurriendo.
“Lo que viví fue una pesadilla. No solo me agredieron físicamente, también intentaron destruir mi dignidad y poner en riesgo mi carrera. Esto no puede quedar impune”, concluyó.
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La denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía deberán determinar si existió uso excesivo de la fuerza, falsedad en informes oficiales y violación a los derechos fundamentales del ciudadano.
