La absolución de Álvaro Uribe Vélez en el caso por soborno a testigos y fraude procesal ha encendido la polémica política en Colombia. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que revoca la condena de 12 años de prisión domiciliaria, provocó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien calificó el fallo como un intento de encubrir la historia del paramilitarismo y las alianzas políticas con el narcotráfico.
Petro denuncia “gobernanza paramilitar” y cuestiona el fallo judicial
Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta de Twitter que la sentencia del Tribunal contradice a la Corte Suprema de Justicia y que las interceptaciones judiciales, donde aparecía la voz de Uribe, fueron desestimadas bajo el argumento de “intimidad”. El mandatario afirmó que esto representa un encubrimiento histórico de los políticos que habrían llegado al poder en alianza con actores paramilitares, responsables de graves hechos de violencia en Colombia.
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Convocatoria a un poder constituyente
Ante este escenario, Petro anunció la apertura de un proceso de recolección de firmas para un poder constituyente, llamando a la ciudadanía a participar en la Plaza de Bolívar en Bogotá este viernes. Según el presidente, el pueblo será quien defina las acciones frente a la influencia política de figuras como Álvaro Uribe Vélez y sus supuestas conexiones con redes paramilitares y económicas.
El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad.
Así se… https://t.co/2j3unJm2eL
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2025
Implicaciones políticas y judiciales
El anuncio de Petro genera un nuevo capítulo de polarización en la política nacional, mientras Álvaro Uribe Vélez mantiene su inocencia y queda libre de todos los cargos. La absolución, además, podría abrir la puerta a cuestionamientos sobre la independencia judicial y el peso de la opinión pública en procesos de alta relevancia política, dejando en evidencia la tensión permanente entre poderes judicial, ejecutivo y la ciudadanía.
