Asamblea del Tolima mantiene en estudio ajustes al sistema de registro en medio de tensiones entre notarios y constructores
El presidente de la Asamblea del Tolima, Abel Otálora, confirmó que el proyecto relacionado con el sistema de registro de instrumentos públicos continúa en análisis dentro de mesas técnicas con la Gobernación, el sector notarial y los constructores, debido a diferencias en la interpretación de cobros, avalúos y procesos de desenglobe que han generado controversia en el departamento.
Otálora explicó que la iniciativa no logró avanzar en las últimas sesiones ordinarias de la corporación debido a la falta de tiempo para su discusión de fondo, especialmente por la revisión paralela del plan financiero departamental. En ese contexto, señaló que el debate será retomado una vez se consoliden acuerdos técnicos entre las partes involucradas.
“En plenaria no alcanzó a pasar el estudio porque no nos dio el tiempo, estábamos en la revisión del plan financiero que debía presentar la Gobernación, y ese análisis ocupó gran parte del debate”, indicó el presidente de la Asamblea.
El punto central de la discusión se concentra en los costos asociados al registro de predios y, particularmente, en los procedimientos de desenglobe y subdivisión de terrenos en proyectos urbanísticos. Según Otálora, mientras el sector constructor plantea ajustes para evitar cobros repetitivos, la interpretación institucional apunta a que cada nueva unidad jurídica genera una obligación independiente.
“Los constructores están hablando del tema del registro de instrumentos públicos, especialmente del desenglobe y las particiones. Si usted tiene un predio grande y lo divide en varios predios para desarrollar un proyecto, la interpretación es que cada uno constituye un negocio diferente y por eso debe pagar su respectivo registro”, explicó.
No obstante, reconoció que existe una postura del sector privado que solicita revisar esa interpretación para evitar incrementos en los costos finales de los proyectos. “Ellos plantean que el pago debería ser único sobre el predio global y que las subdivisiones posteriores no generen cobros adicionales automáticos, porque eso incrementa significativamente los costos de los proyectos”, agregó.
Otro de los temas en discusión es la vigencia de los avalúos utilizados como base para el cobro de derechos de registro, frente a lo cual se han presentado discrepancias sobre la aplicación de valores antiguos en algunos trámites.
“Hemos encontrado casos en los que se están utilizando avalúos de hace varios años, cuando la vigencia técnica, como lo establece la práctica avaluatoria, debería ser de un año. Eso también hace parte de lo que se está revisando jurídicamente”, señaló Otálora.
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El presidente de la Asamblea advirtió que cualquier decisión que se adopte debe estar estrictamente ajustada al marco legal vigente, con el fin de evitar posibles inconsistencias jurídicas o fiscales. “Lo que estamos pidiendo es claridad jurídica. No se puede aprobar ni ajustar nada que esté por fuera de la normatividad, porque eso podría generar observaciones posteriores o incluso responsabilidades”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que las mesas técnicas han sido clave para intentar acercar posiciones entre los distintos actores, incluyendo la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y la administración departamental, aunque aún no existe un acuerdo definitivo.
“Nos hemos venido reuniendo con la registradora de instrumentos públicos, con la Gobernación y con los actores del sector para revisar punto por punto cada inquietud y tratar de llegar a una solución técnica”, afirmó.
Otálora también reconoció que el proceso ha estado marcado por diferencias entre gremios, lo que ha dificultado la construcción de un texto unificado para su aprobación. “Hay interpretaciones distintas entre los notarios y el sector de la construcción, y eso ha generado un contrapunteo que estamos tratando de resolver en mesas de trabajo”, explicó.
Finalmente, el presidente de la Asamblea señaló que, debido a la complejidad del debate, es poco probable que el proyecto sea aprobado en el corto plazo dentro de las sesiones extraordinarias actualmente en curso. “En este periodo de sesiones extraordinarias no veo viable que se apruebe el proyecto. Lo más probable es que continúe su discusión y se tramite en sesiones ordinarias, una vez se logren acuerdos más sólidos”, concluyó.
Mientras tanto, el trámite seguirá en revisión técnica y jurídica, con el objetivo de definir una fórmula que permita equilibrar el recaudo departamental, la viabilidad de los proyectos de construcción y la seguridad jurídica en los procesos de registro inmobiliario.
