Asesinato de dos policías en Ataco genera alerta por la seguridad y el avance criminal en el sur del Tolima
Ante el homicidio de dos uniformados en el municipio de Ataco, el representante a la Cámara Alejandro Martínez exigió mayor intervención del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa para respaldar a la gobernación local frente al crecimiento de la criminalidad en la región.

El homicidio de dos policías en el corregimiento de Santiago Pérez, ubicado en el municipio de Ataco, ha puesto en evidencia la creciente crisis de orden público que afecta a varias subregiones del departamento del Tolima. El repudiable hecho criminal refleja una problemática de inseguridad que continúa expandiéndose en zonas rurales y apartadas del territorio tolimense.
Ante este panorama, el representante a la Cámara Alejandro Martínez se pronunció con firmeza sobre la situación actual de violencia. El congresista advirtió que este tipo de sucesos lamentables no son hechos aislados, sino el reflejo de una realidad alarmante donde la criminalidad y las economías ilícitas, como la minería ilegal, ganan terreno en el departamento.
Durante su intervención, Martínez hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa. La solicitud central consiste en que las cartera ministerial se apersone de la situación en el Tolima y despliegue estrategias contundentes para contrarrestar los factores negativos que amenazan la tranquilidad de los habitantes y de la fuerza pública.
Asimismo, el parlamentario enfatizó en la necesidad de no dejar sola a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Según indicó, la mandataria departamental requiere un respaldo institucional absoluto y articulado en su lucha diaria por garantizar la defensa y la soberanía de la seguridad en el territorio.
En este contexto de exigencias, el representante solicitó al Ministerio de Defensa que fortalezca de manera prioritaria el actuar de la Secretaría de Seguridad del Departamento. Para los líderes locales y la ciudadanía, es fundamental una mayor presencia operativa y presupuestal que permita contener el accionar de las estructuras delictivas organizadas.
Finalmente, el sector político y la ciudadanía mantienen la expectativa de que las nuevas directrices gubernamentales adopten una postura firme y decidida frente al orden público. El objetivo principal es evitar que la zozobra continúe afectando a la región y blindar las subregiones del Tolima frente a las amenazas de la delincuencia.




