Un deslizamiento en la mina La Granja, ubicada en la vereda Anape del municipio de Ataco, cobró la vida de una persona y dejó seis más lesionadas. El incidente evidencia la precaria seguridad de la minería ilegal y la exposición de mineros informales a riesgos mortales.
El municipio de Ataco se encuentra nuevamente en alerta tras el trágico incidente registrado en la mina La Granja, considerada ilegal, donde un deslizamiento atrapó a siete personas en plena jornada laboral. Seis de ellas resultaron con fracturas y heridas graves, mientras que una persona falleció en el sitio, según reportó el alcalde Héctor Fabio Muñoz.
El mandatario local describió la emergencia: “Las personas ingresan al entable minero y trabajan al lado de la maquinaria. En este caso, un deslizamiento provocó que siete personas quedaran sepultadas. Seis fueron rescatadas con lesiones y, lamentablemente, hubo un fallecido”.
Aunque la mina cuenta con su propia seguridad interna, el ingreso de mineros ancestrales o informales —personas que históricamente han dependido de esta actividad para subsistir— hace prácticamente imposible controlar quién entra al área de explotación.
“La concesión minera tiene su seguridad, pero eso no es suficiente para evitar que terceros ingresen al entable, exponiéndose a riesgos graves”, admitió el alcalde Muñoz.
El evento deja en evidencia un problema persistente en la región: la minería ilegal no solo carece de permisos ambientales y de explotación, sino que también opera sin protocolos claros de seguridad laboral para quienes participan, muchos de ellos trabajadores informales que buscan oportunidades de subsistencia. “Las personas afectadas no son empleados formales de la empresa. Son mineros ancestrales que históricamente han trabajado en estas actividades y que ingresan al área de explotación buscando un sustento, poniendo su vida en riesgo”, explicó el alcalde.
Las labores de rescate fueron inmediatas, con la activación de la administración municipal, gestión de riesgo, bomberos, defensa civil, fuerza pública y apoyo de voluntarios. Incluso la maquinaria de la propia mina colaboró en las tareas de extracción de los lesionados. Sin embargo, el hecho subraya la necesidad de mayores medidas de control y seguridad en la zona.
Ataco cuenta con algunas minas legales, supervisadas por la Agencia Nacional de Minería y Cortolima, pero el ingreso no autorizado a estas instalaciones sigue siendo un reto para las autoridades. Según el alcalde, la presencia de la base militar y la policía es insuficiente para contener la afluencia de mineros informales a zonas de alto riesgo.
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Además del impacto humano, estos incidentes ponen en riesgo la operatividad de las minas legales, generan costos adicionales y comprometen la seguridad de los trabajadores formales. La vulnerabilidad de quienes laboran al margen de la legalidad queda de manifiesto, evidenciando la necesidad de políticas públicas que regulen la actividad minera ancestral y prevengan tragedias.
Necesitamos apoyo de la fuerza pública y estrategias de control más efectivas para que estas personas no ingresen al entable y evitemos hechos tan lamentables como este. No podemos permitir que la informalidad siga cobrando vidas”, señaló Muñoz.
El accidente en la mina La Granja es un recordatorio del riesgo permanente que enfrentan los mineros informales, y de la responsabilidad compartida entre autoridades locales y nacionales para garantizar la seguridad en zonas de explotación minera, legal o ilegal, y prevenir que tragedias similares se repitan en Ataco y otras regiones del Tolima.
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