Beneficios concentrados y pérdidas distribuidas
La afirmación de “obras con beneficios concentrados y costos distribuidos” (o beneficios concentrados y pérdidas distribuidas a los colombianos, digo yo) donde efectivamente la ganancia es para contratistas y proveedores y los costos para todos los colombianos que debemos pagarlos a través de más impuestos, pone de manifiesto la poca claridad que en cuanto a dirección y gestión de proyectos en el sector público colombiano se tiene, generando sobrecostos.
La mediocre planeación de un proyecto, su mal diseño, la falta de controles, una mala formulación de gastos, la débil estructuración financiera y en la modalidad de pago, no son más que impulsores de los sobrecostos en la obra pública colombiana y el caldo de cultivo de lo que nos tiene ahogados: La corrupción; ¡ah! y de paso, del cinismo rampante de nuestros altos dirigentes. (Santos, 2017, Hasta ahora me entero; Uribe, 2016, me autoengañé; Samper, 1995, todo fue a mis espaldas).
José Fernando Isaza, en una entrega periodística para el diario El Espectador, resumió en el año 2015 los desafueros con precios elevados sucedidos con la Refinería de Cartagena, más conocida como Reficar, a propósito de su inauguración (http://www.elespectador.com/opinion/reficar). Sobrecostos comprobados por la Contraloría General de la República por un monto superior a los 4.000 millones de dólares, en una obra calculada inicialmente en 3.700 millones de dólares y que a lo postre resultó costándonos a los colombianos 8.015 millones de dólares; esa es apenas un ejemplo de lo afirmado pero, además, deja claro que los sobreprecios en proyectos son la semilla de la corrupción, que como un cáncer hizo metástasis a todo nivel del sector público y privado.
Sobrecosto es casi sinónimo de corrupción, que se favorece de en un sistema de justicia débil, paquidérmico y mermelado, de una clase dirigente y política sin escrúpulos, y sin los más elementales valores morales. Si no, cómo se explica que lo de Reficar no sea un caso aislado de sobrecostos en la estructuración de grandes proyectos en Colombia y sea, por el contrario, una muestra más de tan enorme mal.
Algunos estudios señalan que los casos más sonados de corrupción en los últimos años le han costado al erario cerca de 20.5 billones de pesos (5.7 billones de dólares). Por ejemplo, con Foncolpuertos se perdieron 2.3 billones de pesos; en la construcción del Guavio, 2 billones de pesos más; en SaludCoop, 1.7 billones de pesos; con Dragacol 1.2 billones. El robo a Caprecom sumó 559 mil millones de pesos; igualmente, en Coomeva se embolataron al sistema de salud 146 mil millones de pesos.
Pero esto no para allí, en la doble calzada Bogotá-Girardot se embolsillaron 180 mil millones de pesos; las falsas devoluciones del IVA por la DIAN, 6 billones de pesos; en Transmilenio, 30 mil millones de pesos; El IDU, 156 mil millones; Agro Ingreso Seguro, 15 mil millones; en el Túnel de la Línea la cifra está aún por especificar; mientras que en Enerpereira, 64 mil millones de pesos; en recursos parafiscales de la salud 224 mil millones; recolección de basuras de Bogotá, 334 mil millones. IPS no habilitadas en el Ministerio de Salud, 994 mil millones más; en la construcción de los escenarios de los juegos deportivos nacionales en Ibagué, 164 mil millones de pesos. Todas con un común denominador: proyectos con sobrecostos en su estructuración, cero supervisión o interventoría.
Esos son los casos que de alguna manera la opinión pública conoce, ¿pero y los menos sonados? los de la provincia colombiana. Los que aún no salen al escarnio público. Por ejemplo, los elevados costos de ítems en contratos para afirmar o perfilar vías terciarias, en la alimentación y transporte escolar para niños de zonas rurales, en la construcción de megacolegios y puestos de salud, la adecuación de acueductos y alcantarillados en municipios no certificados ¿a cuántos miles de millones se elevan? ¿cuánto nos costarán? Sin duda en esos hay sobrecostos y mala planificación y estructuración, pero también una marcada intencionalidad para que eso suceda. ¿Entonces esos sobrecostos en las llamadas externalidades, imprevistos o adiciones a cuánto ascenderán sobre ese cálculo inicial de “pérdidas” por la corrupción?
Pareciera que lo peor de todo este asunto no es lo pasado y conocido, si no el presente y lo por venir. Porque las obras del Estado y en el sector privado no se detendrán, por supuesto, como tampoco la mano negra con uñas largas de los corruptos elevando precios de insumos, mano de obra, materiales, y demás. A propósito, recordemos que en los últimos informes conocidos este año con relación a transparencia y gestión de contratación pública la Gobernación del Tolima quedó ubicada en los últimos lugares y sale muy mal librada en esa materia. Así que hay que seguir con los ojos puestos por parte de todos los ciudadanos.
