El municipio de Cajamarca atraviesa un nuevo capítulo en el debate sobre minería y protección del territorio. Un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal busca declarar de utilidad pública 33 predios que durante años estuvieron vinculados al proyecto minero La Colosa, mientras organizaciones sociales advierten sobre la reciente compra del proyecto por parte de Mineros S.A..
La decisión final está en manos del alcalde municipal, quien debe definir si sanciona o no el acuerdo aprobado el pasado 28 de febrero por el Concejo. La iniciativa propone destinar cerca de 5.200 hectáreas —equivalentes al 11 % del territorio municipal— a la conservación ambiental y al desarrollo agropecuario.
Para Robinson Mejía, integrante del Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), la medida responde a una demanda ciudadana respaldada por miles de firmas.
“Este acuerdo surge de un mecanismo de participación llamado iniciativa popular normativa. Tiene el respaldo de miles de cajamarcunos que buscan proteger el territorio y garantizar la vocación agrícola del municipio”, explicó.
El acuerdo que pone presión sobre la Alcaldía
El proyecto aprobado por el Concejo plantea declarar 33 predios asociados históricamente al proyecto minero como áreas de utilidad pública e interés social.
Según sus promotores, el objetivo es garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos y fortalecer la actividad agropecuaria, considerada el principal sustento económico del municipio.
Mejía sostiene que la propuesta tiene fundamento legal en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la propiedad privada debe cumplir una función social y ecológica.
“Los concejos municipales tienen facultades para regular los usos del suelo. En este caso se está tomando una medida preventiva mientras se actualiza el esquema de ordenamiento territorial”, afirmó.
El acuerdo también se apoya en disposiciones de la Ley 99 de 1993, que permite declarar áreas de utilidad pública para la protección ambiental.
La decisión ahora depende del alcalde Camilo Valencia, quien puede sancionar el acuerdo, objetarlo por razones jurídicas o de conveniencia, o remitirlo a revisión judicial.
La venta del proyecto La Colosa genera dudas
El debate ocurre en medio de un nuevo movimiento empresarial en torno al proyecto minero.
Según un comunicado corporativo, Mineros S.A. anunció la compra del proyecto La Colosa, que durante años fue impulsado por AngloGold Ashanti.
De acuerdo con información divulgada por la compañía, la transacción tendría un valor inicial cercano a 10 millones de dólares, con pagos adicionales que podrían alcanzar 60 millones de dólares si el proyecto obtiene licencias ambientales y permisos para su desarrollo.
Para sectores sociales de Cajamarca, el valor del negocio ha despertado interrogantes.
“Ese valor no corresponde con lo que históricamente la misma empresa decía que valía el proyecto. Eso nos lleva a pensar que puede haber una estrategia para intentar reactivar el proyecto en el futuro”, señaló Mejía.
Otras noticias: La Colosa vuelve al centro del debate: Mineros S.A. compra el proyecto por USD 70 millones y revive tensión minera en Cajamarca – Don Tamalio
Sin permisos ambientales vigentes
Uno de los puntos clave en el debate es que actualmente no existen permisos ambientales vigentes para desarrollar actividades mineras en la zona.
Según organizaciones locales, varios de los permisos otorgados en el pasado fueron retirados o suspendidos en los últimos años.
Entre ellos, la autoridad ambiental regional Cortolima revocó concesiones de agua asociadas al proyecto, mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha retirado permisos relacionados con la sustracción de áreas de reserva forestal.
Esto implica que cualquier empresa interesada en el proyecto tendría que iniciar nuevamente procesos administrativos y ambientales para intentar reactivarlo.
El peso de la consulta popular
El debate sobre minería en Cajamarca no es nuevo. En 2017 el municipio realizó una consulta popular que marcó un precedente en el país.
En esa votación, más del 98 % de los participantes se pronunció en contra de la minería en el territorio.
Para organizaciones sociales y ambientales, ese resultado sigue siendo un mandato político y social que debe respetarse.
“Esa consulta ha sido defendida en los tribunales y hasta ahora las decisiones judiciales han respaldado su legitimidad. Cajamarca ya tomó una decisión sobre su futuro”, afirmó Mejía.
Desde entonces, el municipio ha sido considerado por muchos sectores como un territorio con vocación agrícola y ambiental, en contraposición a los proyectos de minería a gran escala.
Un escenario político y jurídico abierto
La decisión del alcalde sobre el acuerdo aprobado por el Concejo podría marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso del territorio en Cajamarca.
Si el mandatario sanciona la iniciativa, el municipio avanzaría en la declaración de utilidad pública de los predios. Si decide objetarla por razones jurídicas, el caso podría terminar en revisión ante el Tribunal Administrativo del Tolima.
Mientras tanto, organizaciones ciudadanas han advertido que mantendrán vigilancia sobre las decisiones institucionales.
“Estamos priorizando las propuestas ciudadanas para proteger el territorio. Pero también vamos a ejercer control político si se desconoce la voluntad popular”, concluyó Mejía.
Por ahora, Cajamarca vuelve a situarse en el centro de un debate nacional sobre minería, autonomía territorial y participación ciudadana, temas que desde hace más de una década han definido el rumbo de este municipio agrícola del Tolima.
