Condenan a cabecilla del ELN por desaparición forzada de campesino en Nariño
Un juez penal especializado de Pasto sentenció a 27 años y 6 meses de prisión a Jairo Parmenio Martínez Escobar, alias Richard o Moisés, por su responsabilidad en la desaparición de Armando Javier Quenorán en 2010.
La justicia colombiana dio un nuevo golpe contra la impunidad en los crímenes cometidos por estructuras armadas ilegales. Un juzgado penal especializado de Pasto condenó a 27 años y 6 meses de prisión a Jairo Parmenio Martínez Escobar, conocido con los alias de Richard o Moisés, quien para la época de los hechos se desempeñaba como cabecilla de la compañía José Luis Cabrera Rúales del ELN.
La decisión judicial lo halló responsable del delito de desaparición forzada en contra de Armando Javier Quenorán, un campesino de la vereda El Edén, en Santacruz de Guachavés (Nariño). Quenorán, dedicado a la cría de ganado, fue interceptado en junio de 2010 por hombres armados del autodenominado Frente Comuneros del Sur del ELN, quienes lo acusaban de ser informante de la fuerza pública.
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La víctima fue sacada de su finca en contra de su voluntad y, cuatro meses más tarde, su cuerpo apareció enterrado en una zona boscosa de otra vereda, donde fue exhumado por las autoridades.
Las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitieron vincular a Martínez Escobar con el crimen. En octubre de 2017, el procesado fue declarado persona ausente, lo que dio inicio a un juicio en su contra que culminó con la sentencia condenatoria.
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo ordena la captura de alias Richard para que cumpla condena en establecimiento carcelario, el pago de una multa equivalente a 1.699 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 184 meses.
La sentencia corresponde a primera instancia y aún puede ser objeto de los recursos de ley.
La Fiscalía reiteró que la decisión se da en cumplimiento de su deber de investigar, judicializar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por actores armados en el marco del conflicto.
