La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, puso freno a una operación de minería ilegal en el municipio de Líbano. Durante los controles realizados en la vereda La Rampla se hallaron siete personas dedicadas a la extracción ilícita de oro aluvial en el cauce de la quebrada La Honda, utilizando canalones metálicos, trinchos de guadua, tuberías y herramientas manuales.
Las autoridades confirmaron que la explotación no contaba con título minero, licencia ambiental ni permisos de ocupación de cauce, configurando una clara violación a la normativa ambiental y minera.
El balance técnico de Cortolima es contundente: la actividad ilegal estaba causando erosión en las márgenes, sedimentación excesiva, pérdida de cobertura vegetal y alteración del cauce natural del afluente. Estos daños incrementan el riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales, una amenaza directa para las comunidades aguas abajo.
En la intervención se decomisaron canalones de acero, tubos de PVC, bateas, equipos de succión y un diferencial de tres toneladas, todos empleados en el lavado y separación del material pétreo para la extracción de oro.
Zulyana Sánchez, coordinadora de control y vigilancia de Cortolima, subrayó la gravedad de lo encontrado: “El área donde se desarrollaba la explotación corresponde a una categoría de conservación y protección ambiental según el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas de los ríos Recio y Venadillo. Esto significa que el impacto de la minería ilegal no solo es ambientalmente destructivo, sino que amenaza un ecosistema estratégico para la regulación hídrica y la biodiversidad del Tolima”.
La funcionaria advirtió que la corporación no bajará la guardia y continuará con operativos de control en todo el departamento, en defensa de los recursos naturales. “Nuestra misionalidad es clara: proteger y conservar el patrimonio ambiental de los tolimenses frente a quienes lo destruyen por lucro personal”, puntualizó.
Con este operativo, las autoridades locales lanzan un mensaje directo: la minería ilegal no solo es un delito, sino una amenaza abierta contra la vida de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de ellos.
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