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¿DE QUE JUSTICIA HABLAMOS EN COLOMBIA?

MI OPINION: Félix Ramón Triana Gaitán Septiembre 28 - 2021

En los últimos días han sucedido hechos tanto locales como nacionales que han dado lugar a diversos comentarios en virtud de la ineficiencia con que las autoridades han actuado en aras de enjuiciar a los responsables con el fin de que enfrenten la Ley y de esta forma haya justicia. Recordemos que la justicia está definida como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde y que tiene como objetivo conservar el ordenamiento jurídico del Estado. 

El caso de Ibagué tiene que ver con lo sucedido al vigilante Juan Carlos Cofles, quien fallecio luego de ser arrollado por un automóvil hace tres semanas y cuyo conductor según testigos, estaba en estado de ebriedad. Con un agravante parece que a dicho conductor no le fue practicada las prueba establecidas por Ley para identificar el nivel de alicoramiento, a tal punto que hoy el caso está entre bambalinas obligando a la familia y amigos a realizar un plantón la semana pasada para exigir que se actúe sobre el responsable del accidente. 

A nivel nacional el caso sucedió en Santa Marta en donde seis jóvenes resultaron muertos y otro termino gravemente herido, luego de ser arrollados por un vehículo cuyo conductor presentaba un alto grado de alicoramiento y que además conducía a alta velocidad según testigos del hecho. Esta tragedia ha siso repudiada por el pueblo samario, más cuando el responsable es un reconocido comerciante quien con el apoyo de su apoderado han utilizado estrategias dilatorias para evitar que sea conducido a un sitio intramural mientras se realiza la respectiva investigación y juicio.

Estos hechos validan la afirmación popular que sostiene “que la justicia en Colombia es para los de ruana”. El domingo pasado, El Nuevo Día presento la opinión de algunos expertos quienes sostenían que existen factores de diversa índole que terminan por favorecer particularmente a determinadas personas. Es así como el profesor Julián Andrés Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquía sostiene que son varios los factores que inciden en la no aplicación de la Ley, como son el capital económico que se traduce en dinero, el capital social que son las relaciones que posee el infractor de la Ley y el capital cultural que se traduce en el acceso al sistema educativo.

Si lo anterior es válido, la pregunta que aparece obligatoriamente es ¿Dónde queda el concepto de Justicia que se planteó al inicio de esta columna? Es más, se podría afirmar que quienes tengan los tres o al menos uno de los capitales mencionados por el experto, estarían facultados para infringir la Ley, mientras que los que carezcan de los mismos estarían condenados a sufrir el rigor de esta. Como tal, habría que cambiar el concepto de justicia. ¿Qué opinan ustedes?

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