El más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera del sistema de salud revela que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda que asciende a los $32,9 billones de pesos por servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.
«Esta cifra, que representa un aumento de $7,9 billones respecto al monto reportado en 2023, refleja el nivel crítico de desfinanciamiento y desorden administrativo en el que se encuentra el sistema debido al actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación», indicó en un comunicado el Ministerio de Salud.
Para el Ministerio, «dicha deuda no solo afecta gravemente la estabilidad de los prestadores y proveedores de servicios, sino que también ha empezado a golpear de forma directa a los usuarios. La imposibilidad de cubrir oportunamente los servicios ha generado una atención cada vez más fragmentada, demorada y costosa, y ha empujado a miles de familias a cubrir con su propio dinero medicamentos, exámenes, citas y procedimientos».
«Pese a la magnitud de la crisis, el informe deja claro que esta deuda no es responsabilidad del Gobierno, sino que corresponde a decisiones y omisiones de las propias EPS. En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social reitera que está al día con los pagos y que ha realizado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el financiamiento del sistema», se lee en el comunicado.
“A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema”, aclaró el Presidente Gustavo Petro Urrego, durante la alocución destinada al análisis del informe de la Contraloría.
Y es que a pesar de los giros oportunos y crecientes por parte del Gobierno, la Contraloría advierte que hay $2,71 billones de pesos girados por la Adres a las EPS que no fueron reportados por estas en sus estados financieros. Dichos recursos serán objeto de actuaciones fiscales, pues no hay claridad sobre su uso o destino. Más preocupante aún es que, entre 2020 y 2024, se han acumulado $15,79 billones sin trazabilidad, entre ellos $4,22 billones solo en 2024, lo que evidencia un patrón persistente de opacidad en el manejo de los recursos.
Crisis por medicamentos
«La crisis no se limita a la relación entre EPS e IPS. A pesar de que el Gobierno ha pagado el 90,3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en 2024 — unos $13,3 billones de $14,7 billones radicados—, persisten fallas graves en el suministro de medicamentos», dice el Ministerio.
Esta contradicción ha generado una ola creciente de peticiones, quejas y reclamos (PQR), sin que haya una explicación técnica clara por parte de los gestores farmacéuticos. El Ministerio de Salud ha reiterado su desconcierto frente a esta situación, especialmente considerando que los pagos están al día y los recursos han sido girados con responsabilidad.
“Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado ¿por qué no hay medicinas en las farmacias? Las quejas, entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores farmacéuticos”, señaló el Jefe de Estado.
Frente a este panorama, el Gobierno reitera que la reforma estructural del sistema de salud es urgente, inaplazable y respaldada por la evidencia técnica. La propuesta de reforma busca eliminar gradualmente la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la atención primaria, habilitar auditorías integrales, garantizar trazabilidad en el uso de los recursos, e implementar mecanismos de saneamiento para prestadores y EPS que decidan transformarse en Gestoras de Salud y Vida. Asimismo, se plantea la creación de instrumentos de liquidez, fortalecimiento institucional del Invima y la Adres, y la publicación periódica de informes de trazabilidad de recursos.
Al término de su intervención desde la Casa de Nariño, el mandatario precisó: “Conclusión final, volviendo al informe de la Contraloría que tergiversó la prensa del gran capital, volteándolo completamente: se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde. O intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas menos dos. No hay otra opción».
