Doña Juana contrata Abogados Tolimenses para pelear sanción disciplinaria contra despacho de la Alcaldía de Bogotá

La queja inicial fue presentada directamente al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, por parte de Diana Paola Melo Rojas, Representante Legal del CGR Doña Juana y el abogado Daniel Largacha Torres. En el documento se señala que la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho Sánchez, retiró de manera arbitraria las actividades de acopio, separación, clasificación, disposición y/o tratamiento de los “residuos mixtos”, además de las complementarias de cargue, pesaje y transporte al respectivo patio dentro del Relleno. 

Lo que desató la petición de la sanción

La situación inició desde finales de diciembre del año 2019 cuando la CRG Doña Juana presentó, como es habitual, la cuenta de cobro por los servicios prestados; ante el silencio administrativo de la UAESP, se asumió que se debía al acople de una administración nueva y requería de un tiempo para poder efectuar los pagos del servicio de Administración, Operación y Mantenimiento Integral del Relleno Sanitario Doña Juana, así como la disposición final de residuos sólidos, tratamiento de lixiviados y aprovechamiento de los residuos provenientes del servicio ordinario de aseo.

El silencio se mantuvo hasta el mes de febrero, no hubo pronunciamiento por parte del despacho que debe vigilar el cumplimiento del proceso, así como el pago del servicio de manejo de escombros mixtos. Al realizar el cobro de los honorarios adeudados, sin contar con los intereses por mora que esto genera al Distrito, el 6 de abril, la UAESP indicó al concesionario que debía abstenerse de realizar algún tratamiento con los residuos.

Sin embargo, la decisión tomada por el concesionario del relleno expresó a la UAESP que CGR reiniciaría el tratamiento escombros, esto, con el fin de evitar el impacto medioambiental que genera la aglomeración de miles de toneladas diarias de escombros y basuras que se reciben en el lote.

Ante la decisión, la UAESP sin tener en cuenta el riesgo ambiental y sanitario que implica la acción, el día 14 de abril de 2020, a través del oficio UAESP 20203000059391, la directora general ordenó la suspensión de las actividades de acopio, clasificación, tratamiento de los residuos mixtos.

Sumado a ello, Camacho Sánchez advertía actuaciones administrativas de carácter sancionatorio en caso que incumplieran la orden impartida por su despacho.

Vale la pena mencionar que, habiendo transcurrido únicamente 48 horas desde el cumplimiento de lo dispuesto por la UAESP (23 – 25 de abril de 2020), el patio dispuesto para los residuos mixtos colmó la totalidad de su capacidad.

En su comunicación, la funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá expresa que el servicio será adjudicado a la empresa Aguas de Bogotá, misma entidad que ocasionó la emergencia sanitaria en la capital del país en el año 2012, durante la administración de Gustavo Petro.

Pero la crisis sanitaria no paró ahí, al no tener escombreras de residuos mixtos, constructores y comunidad empezaron arrojar los residuos contaminados o “residuos mixtos”, en vías públicas, los humedales, terrenos y lotes desocupados. Ante la emergencia, el exmandatario adjudicó el tratamiento y acopio de los residuos mixtos al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana.

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En 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas a tres empresas del distrito: la Empresa Aguas de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp y Empresa de Acueducto, por un poco más de 80.000 millones, a causa de la emergencia sanitaria ocasionada en la ciudad en el 2012. Esa cifra no se pagó durante la administración de Petro y la alcaldía de Peñalosa decidió pagarla en 2016 para que el monto no siguiera subiendo.

Asimismo, las dos administraciones mantuvieron el contrato de manejo de escombros contaminados con el CGR Doña Juana.

La sanción solicitada

Daniel Largacha, el abogado representante del CGR Doña Juana, profesional del derecho experto en procesos disciplinarios y fiscales señala que, la falta cometida por la funcionaria al querer terminar unilateralmente un contrato firmado entre el Distrito y la empresa administradora, se puede catalogar por parte de la Procuraduría como una falta gravísima al poner en riesgo la salud de los ciudadanos ante la falta de recolección de residuos mixtos o escombros mixtos. Así como el riesgo sanitario en el que se incurre al dejar de tratar y disponer adecuadamente el material que se encuentra acumulado en el relleno sanitario.

Adicionalmente, la Contraloría puede iniciar acciones de responsabilidad fiscal en contra de la funcionaria, al no realizar los pagos teniendo ya una suma pactada previamente, la cual está generando intereses por mora, situación que compromete recursos adicionales de la administración y que podrían ser calificados como un detrimento al patrimonio.

Las acciones disciplinarias ya fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría General, la Contraloría y la Personería de Bogotá y la Super Intendencia de Industria y Comercio.

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