El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Juan Felipe Lemos, alertó sobre una fuerte reducción de recursos para la entidad dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027. Según su exposición, el CNE tendría cerca de $900.000 millones menos de lo que considera necesario para garantizar su funcionamiento y las labores de inspección, vigilancia y control de las próximas elecciones territoriales.
Hay una discusión presupuestal que puede parecer lejana para el ciudadano, pero que tendrá consecuencias directas sobre las próximas elecciones territoriales en Colombia: ¿con cuánto dinero contará el Consejo Nacional Electoral para ejercer sus funciones durante 2027?
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Juan Felipe Lemos, puso sobre la mesa la preocupación de la entidad frente al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, al advertir que los recursos proyectados no serían suficientes para atender todas las responsabilidades que tendrá el organismo durante un año electoral.
De acuerdo con las cifras expuestas por Lemos, la entidad tendría una proyección presupuestal cercana a $2,2 billones, pero existiría una desfinanciación cercana a $900.000 millones frente a las necesidades identificadas para garantizar el funcionamiento del CNE y, especialmente, el componente electoral.
La advertencia cobra especial importancia porque 2027 será un año de preparación y desarrollo de las elecciones territoriales, unos comicios que involucran a miles de candidatos y una estructura electoral extendida por todo el territorio nacional.
¿Por qué el CNE necesita más recursos?
El punto central de la discusión es que el CNE no solamente tiene que funcionar administrativamente durante un año electoral. También debe desplegar capacidades de inspección, vigilancia y control sobre los procesos electorales.
Según la exposición del presidente del organismo, el componente electoral tendría un costo cercano a $779.000 millones durante 2027.
Estos recursos estarían destinados a garantizar las labores relacionadas con las elecciones en los 32 departamentos y 1.003 municipios, además de la vigilancia sobre cerca de 125.000 mesas de votación instaladas en diferentes regiones del país.
La dimensión de la operación explica parte de la preocupación: el CNE debe contar con capacidad técnica, jurídica, administrativa y logística para ejercer sus funciones en todo el territorio.
Dentro de ese componente también se contempla la participación de testigos electorales, el funcionamiento del sistema electoral y la presencia de delegados internacionales, entre otros aspectos señalados durante la exposición.
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El dato político: las elecciones territoriales mueven más de 130.000 candidaturas
Uno de los datos que llama la atención está relacionado con el volumen de candidaturas.
Mientras que en las elecciones al Congreso se habla de alrededor de 3.000 a 6.000 candidatos, dependiendo de la referencia y del proceso electoral, en las elecciones territoriales la cifra puede superar los 130.000 candidatos.
Se trata de aspirantes a cargos como alcaldías y gobernaciones, además de corporaciones públicas como concejos municipales y asambleas departamentales.
Eso convierte las elecciones territoriales en una operación de enorme magnitud para las autoridades electorales.
Y aquí aparece una de las claves de esta discusión: no se trata únicamente de organizar las votaciones, sino de garantizar que exista vigilancia y control sobre todo el proceso electoral.
Personal: una estructura que aumenta durante los años electorales
Otro de los componentes señalados por el CNE corresponde al gasto de personal.
La entidad proyecta alrededor de $151.000 millones para este rubro, dentro de una estructura que combina personal permanente y funcionarios adicionales requeridos durante los periodos electorales.
Según las cifras expuestas, el CNE cuenta con una planta de personal permanente y requiere además de aproximadamente 319 funcionarios supernumerarios adicionales durante los años electorales.
La razón es sencilla: las responsabilidades de la entidad aumentan significativamente cuando se acerca un proceso electoral.
No es la misma operación administrativa de un año sin elecciones que la que debe desplegarse cuando el país entra en un calendario electoral con miles de candidatos, campañas, partidos, movimientos políticos, financiación electoral y mecanismos de control.
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Aplicativos y tecnología también pesan en el presupuesto
La operación electoral también tiene un componente tecnológico.
De acuerdo con la información presentada, el mantenimiento de los aplicativos electrónicos tendría un costo importante dentro del presupuesto del CNE, con una referencia cercana a $20.000 millones.
A esto se suman otros gastos señalados por la entidad, como el arrendamiento, estimado en aproximadamente $6.000 millones anuales, además de campañas de publicidad y transferencias corrientes.
Cada uno de estos componentes hace parte de una estructura que, según el organismo electoral, requiere financiación suficiente para funcionar durante un año con una carga operativa mucho mayor.
Hay otro problema: consultas internas de los partidos
Pero la advertencia del CNE no se limita a las elecciones territoriales.
Durante la exposición también se puso sobre la mesa una situación relacionada con las consultas internas de los partidos políticos.
Según lo señalado por Lemos, actualmente Colombia no cuenta con un censo electoral individualizado de afiliados para cada partido político que permita desarrollar este tipo de consultas con una base propia de militantes.
Por esa razón, cuando un partido necesita definir candidatos mediante consultas, debe recurrir al censo electoral nacional.
Este asunto puede convertirse en un elemento relevante dentro de la discusión sobre el funcionamiento del sistema político y electoral colombiano.
Financiación de partidos y reposición de votos
Otro de los temas mencionados corresponde a la financiación de partidos y campañas electorales.
El CNE reconoce que existe un atraso en materia de pagos y reconocimiento de la reposición de votos, mecanismo mediante el cual se reconocen recursos asociados a los resultados electorales bajo las reglas establecidas por la legislación.
Durante la exposición se hizo referencia a obligaciones pendientes, incluyendo recursos relacionados con procesos de años anteriores.
También se mencionó una cifra cercana a $439.000 millones asociada al funcionamiento de los partidos políticos.
Este componente es particularmente sensible porque la financiación electoral está directamente relacionada con las garantías de participación de las organizaciones políticas.
El Estatuto de Oposición también está en la discusión
Y hay otro asunto que no debería pasar desapercibido: el cumplimiento del Estatuto de la Oposición, establecido mediante la Ley 1909 de 2018.
De acuerdo con lo expuesto por el presidente del CNE, existen obligaciones relacionadas con las garantías de participación y acceso a espacios de comunicación para los partidos declarados en oposición.
Lemos sostuvo que este mandato se ha cumplido en el ámbito nacional, pero que persisten dificultades en el plano regional.
Según la exposición, el CNE tendría responsabilidades para garantizar recursos destinados, entre otros aspectos, a la participación de las organizaciones de oposición en medios de comunicación durante los procesos electorales.
El tema incluso ha llegado a los tribunales, según lo señalado durante la intervención, después de demandas presentadas en 2023 relacionadas con el cumplimiento de estas obligaciones.
¿Cuál es la alerta del CNE para 2027?
El mensaje central del presidente del Consejo Nacional Electoral es que los recursos asignados para 2027 deben ser suficientes para garantizar la operación del organismo durante un año electoral.
La preocupación no es solamente administrativa.
Si el CNE considera que existe una desfinanciación cercana a $900.000 millones, la discusión pasa directamente por la capacidad que tendrá la autoridad electoral para desarrollar sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre unas elecciones territoriales que involucrarán a todo el país.
El organismo sostiene que, sin los recursos necesarios, podría verse comprometida su capacidad técnica, jurídica, administrativa y logística para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.
Por ahora, la discusión se encuentra en el escenario presupuestal y deberá avanzar dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación 2027.
EL DATO POLÍTICO
Y aquí está el dato que los ciudadanos deberían tener presente:
Las elecciones territoriales de 2027 no solamente significarán elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. También implicarán una gigantesca operación de vigilancia y control electoral en 32 departamentos, 1.003 municipios y cerca de 125.000 mesas de votación, según las cifras expuestas por el presidente del CNE.
Por eso, la discusión sobre los $900.000 millones que el organismo señala como faltantes no es simplemente una pelea por presupuesto.
Es una discusión sobre la capacidad institucional para vigilar el proceso electoral.
Y será el Congreso de la República, dentro del trámite del Presupuesto General de la Nación, uno de los escenarios donde se definirá finalmente cuánto dinero tendrá disponible el Estado para enfrentar ese desafío electoral.
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