La radicación de la nueva Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, presentada por el Gobierno Nacional como una herramienta para asegurar recursos del Presupuesto General de 2026, ha generado un fuerte debate entre los sectores empresariales. En el Tolima, las principales voces gremiales coinciden en que la propuesta despierta incertidumbre y podría traer serias consecuencias para la generación de empleo, la formalización de empresas y el desarrollo económico regional.
Carlos Hernando Enciso, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, fue categórico al advertir que la reforma inquieta de manera significativa al sector productivo. Según explicó, los empresarios perciben que la iniciativa limitará la capacidad operativa de las compañías y, en consecuencia, reducirá la creación de empleo.
“Existe el riesgo de sacrificar cerca de 80 mil empleos en el país, y el Tolima no estaría exento de esa afectación. El problema no es menor: la consecuencia más grave sería un incremento de la informalidad, un fenómeno que justamente buscamos combatir”, señaló Enciso.
El dirigente gremial recordó que, aunque la formalidad empresarial en Colombia se reporta en un 57 %, en la práctica la informalidad es mucho más alta. En Ibagué, el panorama laboral es complejo: la ciudad ostenta la tercera tasa de desempleo más alta del país, a pesar de haber reducido dos puntos porcentuales en el último año. Sin embargo, mientras otras capitales avanzan a mayor ritmo, en Ibagué la informalidad sigue absorbiendo a quienes se retiran de la búsqueda de empleo formal. “Esto limita la capacidad de la región para transformarse económicamente y consolidar empleos estables”, agregó Enciso.
A pesar de que la Cámara de Comercio de Ibagué registró un récord histórico con la creación de más de 4.300 nuevas empresas en el presente año y logró reducir las cancelaciones empresariales al nivel más bajo en varios años, Enciso advirtió que el panorama podría cambiar con la entrada en vigor de la reforma.
“El crecimiento que celebramos puede ponerse en riesgo. Los empresarios sienten que las reglas de juego cambian constantemente, y eso genera desconfianza para invertir o formalizarse”, puntualizó.
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La iniciativa del Gobierno busca recaudar 26 billones de pesos, equivalentes al 1,4 % del Producto Interno Bruto, a través de ajustes en el estatuto tributario. Entre las medidas planteadas figuran un impuesto a los juegos de azar en línea y modificaciones en el IVA aplicado a combustibles. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la meta es asegurar la estabilidad fiscal y garantizar los recursos necesarios para programas sociales y proyectos estratégicos del Estado. No obstante, esta es la segunda vez que el Ejecutivo presenta una ley de financiamiento: la primera, en 2024, con una meta de 12 billones, se hundió en el Congreso junto con el presupuesto de 2025.
Desde Fenalco, la postura es igualmente crítica. Daniel Ojeda, director regional del gremio, manifestó que el empresariado no aguanta una reforma tributaria más. A su juicio, la carga impositiva ha puesto en desventaja a sectores que apenas logran mantenerse en pie.
“Estamos frente a una propuesta que incluso plantea gravar actividades culturales y de ocio, lo cual representa un golpe directo a la calidad de vida de los colombianos. Recordemos que el ocio, entendido como derecho, hace parte de los indicadores de bienestar social. Gravar el entretenimiento o el consumo de licor no solo afecta a las empresas, también golpea el bolsillo del consumidor final, que siempre termina siendo quien paga los costos adicionales”, afirmó Ojeda.
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El dirigente recordó lo ocurrido con los llamados “impuestos saludables”, que terminaron afectando el consumo de embutidos y bebidas azucaradas, productos que son adquiridos principalmente por la población de menores ingresos. “Al final, quienes más sufren son los estratos 0, 1, 2 y 3, y con ellos los tenderos, que dependen de ese consumo diario. Esta nueva ley no solo perjudica al comercio, también afecta a la población que el Gobierno dice querer proteger”, recalcó.
Por su parte, Efraín Valencia, presidente del Comité de Gremios del Tolima, coincidió en que la reforma resulta lesiva para los sectores económicos del departamento. A su juicio, gravar el turismo y la cultura, precisamente las áreas que más han impulsado el crecimiento económico del Tolima en los últimos años, es un contrasentido.
“El PIB del departamento tuvo un desempeño destacado en 2024 gracias a estas actividades, y ahora se pretende encarecerlas con más impuestos. Es un retroceso evidente”, dijo Valencia.
Tanto Fenalco como el Comité de Gremios señalaron que la apuesta debería orientarse hacia incentivos tributarios que estimulen la inversión empresarial, y no hacia mayores cargas fiscales. En opinión de ambos dirigentes, el Gobierno Nacional está enviando un mensaje contrario al que los departamentos necesitan para atraer capital y consolidar proyectos estratégicos.
“En lugar de abrir puertas a la inversión, se cierran. En vez de rodear al empresario con condiciones favorables, se le imponen nuevas restricciones. Es una política que resulta irresponsable frente al manejo de los recursos y que, al final, afecta tanto a los empresarios como a los consumidores”, concluyó Valencia.
El debate en el Congreso apenas comienza, pero en regiones como el Tolima el rechazo gremial es evidente. Los empresarios insisten en que no se trata solo de una discusión técnica sobre recaudo, sino de una decisión con implicaciones directas en la generación de empleo, la formalización y la competitividad. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de garantizar recursos para su plan de gasto social, el sector privado exige que se consideren las realidades económicas de los territorios, donde los efectos de una reforma mal diseñada pueden significar retrocesos difíciles de revertir
