Cada oportunidad de discusión debe ser analizada con hechos, riguroso soporte científico y con una visión integral que permita avanzar en la construcción de una sociedad con verdadera equidad de género, justicia y libre de discriminación.
El aborto inseguro: un problema de salud pública
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos en condiciones inseguras. La mayoría de estos ocurren en países en vía de desarrollo, donde el ejercicio del derecho está penalizado o presenta restricciones que dificultan el acceso; en Colombia, el panorama no es distinto. Cifras del Ministerio de Salud y Protección Social demuestran que el índice de embarazos no planeados alcanza un 52% y que 70 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos.
A propósito de las demandas que cursan en la Corte Constitucional
No existe evidencia científica, sistemática y rigurosa, que demuestre una relación entre el aborto y la afectación de la salud mental de las mujeres. Por el contrario, múltiples estudios científicos demuestran que el estigma social, la criminalización y las barreras de acceso a procedimientos seguros de interrupción voluntaria del embarazo, generan verdaderos daños en la salud mental de las mujeres como: ansiedad, estrés, pérdida de autonomía y control sobre sus vidas.
- Según datos de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, entre 2005 y 2017, 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad.
- De la totalidad de los procesos penales de aborto, en febrero de 2017 estaban activos 1.604, se habían expedido 200 sentencias condenatorias y 14 sentencias absolutorias, lo que demuestra que el ejercicio de un derecho fundamental sigue siendo perseguido en Colombia como un delito.
- Desde la despenalización del aborto, en tres causales, mediante los servicios de anticoncepción y aborto seguro, en 2019 se evitaron cerca de 374.063 abortos inseguros en Colombia.
Profamilia hizo un llamado a la Corte Constitucional para que siga avanzando en el reconocimiento del derecho a decidir, como un derecho fundamental, y a la opinión pública para que la discusión se dé en un plano de salud pública y de derechos; con información verídica, científica y legal, que permita eliminar los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar para poder acceder a servicios de aborto seguros, oportunos y libres de discriminación.
