Un proyecto que debía llevar 1.170 unidades sanitarias a 47 veredas de Ataco terminó bajo la lupa de la Fiscalía por un presunto entramado de corrupción que habría direccionado cuatro contratos por $21.550 millones, dejado obras inconclusas y ocasionado un detrimento patrimonial de $499 millones, investigación que ya deja como resultado la captura de Adriyojana Lugo Camacho, exsecretaria de Planeación e Infraestructura del municipio.
Las obras siguen sin terminar en este municipio, afectado durante décadas por la violencia e incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
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Las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de la posible participación de funcionarios de la alcaldía municipal, un exmandatario local y contratistas.
Una exfuncionaria capturada
Entre las presuntas implicadas está Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes fue secretaria de Planeación e Infraestructura.
Esta persona habría elaborado los estudios previos de las dos interventorías para favorecer a un único proponente y participado en el comité evaluador que recomendó adjudicárselas por 1.061 millones de pesos.
Adicionalmente, como supervisora, es señalada de permitir la ejecución de obras sin acompañamiento de la interventoría. También avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, que nunca acudió a la reunión en la que se suscribió el documento. Las actuaciones irregulares detectadas terminaron por ocasionar un detrimento patrimonial de 499 millones de pesos, correspondiente a los recursos girados.
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Lugo Camacho fue capturada luego de presentarse ante la Sijin de la Policía Nacional en Neiva (Huila), después de conocer de la existencia de una orden judicial en su contra.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La procesada no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
