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Estos son los tres procesos de responsabilidad fiscal contra gobernador del Tolima

Otros investigados son los alcaldes de Lérida, Espinal e Icononzo. A nivel nacional, cientos de investigaciones cursan contra funcionarios.

A través de una rueda de prensa conjunta entre la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, se dieron a conocer los resultados de investigaciones relacionadas en la contratación para atender la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia Covid-19.

En las intervenciones, el fiscal general Francisco Barbosa afirmó que en el ente acusador se han abierto 177 indagaciones por hechos de corrupción en los 32 departamentos, así como 17 personas contra las que se están solictando audiencias para imputarles cargos a funcionarios y a dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional.

Por su parte, el procurador general Fernando Carrillo indicó que adelanta 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones y 396 casos disciplinarios en alcaldías por presuntas irregularidades con contratos del coronavirus. Los casos que ya están en juicio disciplinario en la Procuraduría son los del gobernador de Arauca, el de Vichada y tres funcionarios de la gobernación del Quindío.

Allí se reveló la apertura de tres procesos de responsabilidad fiscal, contra el Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, por valor de $2.121 millones, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo, por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de comunicaciones para divulgación de prevención de la pandemia.

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Primer proceso

La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $1.151 millones contra el Gobernador del departamento del Tolima, Ricardo Orozco, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Sierra Pineda S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.

Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del Dane de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros).

Segundo proceso

Se dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $827.533.223 contra el Gobernador del Tolima, por presuntos sobrecostos por este monto en la ejecución del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones, celebrado entre la gobernación del Tolima y la empresa Enred Group S.A.S.,  para la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.

El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223, luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza.

 La investigación también vincula a la suspendida secretaria de salud del departamento, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020; el señor Gustavo Adolfo Castaño, en calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos, supervisor y responsable de la elaboración del proyecto de estudios previos del contrato y  la firma ENRED GROUP S.A.S., representada legalmente por el señor César Augusto Trilleras Castro, en calidad de contratista.

 

Tercer proceso

La Contraloría General también abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $143 millones, por la intermediación innecesaria en el contrato 493, suscrito con la firma León Gráficas S.A.S, para la prestación de servicios y ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia Covid 19-2020”.

Según la Contraloría, “la labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello”.

Otros investigados

En el departamento del Tolima también cursan investigaciones contra mandatarios de Espinal, Juan Carlos Tamayo e Icononzo, Margoth Morales por contratos con aportantes a sus respectivas campañas electorales; así como contra el alcalde de Lérida, Marco Antonio Ospina, por no acatar los protocolos de seguridad adecuados para controlar la propagación del Covid-19.

En materia disciplinaria, la apertura de investigación contra el alcalde de Lérida, por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio. Está documentado que se produjo una aglomeración dentro y fuera de un supermercado que era propiedad de la familia del señor alcalde, cuando el resto del municipio debía estar aislado en ese momento”, anunció el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.

El pasado 21 de mayo, el alcalde del municipio de Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez, y su secretario de Gobierno, fueron capturados este jueves por posibles hechos de corrupción en contratos celebrados para atender la emergencia en salud por el covid-19. Sobre ellos, cursa investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, en abril pasado, el mandatario ejecutó dos contratos para atender con logística y mercados a la población debido a la crisis generada por el aislamiento y la cuarentena en esa población que está a tres horas de Ibagué. Uno por valor de 72 millones de pesos para la compra de kits alimenticios y el otro por $105 millones para la adquisición de material hospitalario.

Las irregularidades fueron denunciadas por la secretaria de Salud del municipio, quien a la vez era la supervisora de los contratos, pero detectó irregularidades como la falta de idoneidad de los contratistas por lo que procedió a denunciar el caso ante la Procuraduría Provincial del municipio de Honda y la Fiscalía del Tolima.

Las campañas

El procurador Carrillo aseguró que, tomando como base una alerta que lanzó la ONG Transparencia por Colombia junto con otras organizaciones, hay por lo menos 117 financiadores de campañas locales que aportaron 4.700 millones de pesos y recibieron contratos más de 12.500 millones de pesos.  “En el 95 por ciento de los casos, el valor del contrato supera 10 o 15 veces el valor del aporte… está clarísimo que esto es un pago de favores a financiadores de campaña”, afirmó.

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