El Eln anunció un “juicio revolucionario” contra los cuatro agentes del CTI y la Policía Nacional que permanecen secuestrados en Arauca desde mayo y julio de 2025, una medida que podría prolongar su cautiverio por más de tres años. La estructura guerrillera publicó pruebas de supervivencia de los secuestrados y aseguró que este proceso interno implicaría penas de tres a siete años de “prisión”, con posibilidad de comunicación con sus familias, según un comunicado emitido por el Frente de Guerra Oriental.
En el pronunciamiento, el grupo insurgente responsabilizó al Gobierno y la Fiscalía por la lentitud en los procesos de negociación para alcanzar acuerdos humanitarios y señaló que, ante la falta de avances, han decidido imponer su propio procedimiento de “justicia revolucionaria”. Este anuncio ha generado alarma y rechazo por parte de las autoridades nacionales, que consideran la acción como un acto ilegal e inadmisible.
Detalles del “juicio revolucionario” anunciado por el Eln
El Eln informó que los secuestrados —Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI de la Fiscalía General de la Nación, y el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Frankin Sley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN)— serán sometidos a un proceso interno basado en su propio Código de Guerra, un conjunto de normas que no tiene reconocimiento legal ni jurisdiccional.
Según el comunicado guerrillero, los secuestrados podrían recibir penas de 3 a 7 años de detención, con derecho a correspondencia familiar, y destacaron que esta medida se aplicaría en contraste con lo que ellos consideran un sistema judicial “desproporcionado y brutal” contra el Eln y los denominados “luchadores sociales”.
Además, el Eln afirmó que continúa abierto a acuerdos humanitarios, aunque condicionó la liberación a decisiones propias, lo que ha sido rechazado rotundamente por la Fiscalía y el Gobierno nacional.
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Pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación
Frente a este anuncio, la Fiscalía General de la Nación reiteró el llamado a la libertad inmediata e incondicional de los agentes secuestrados, enfatizando que cualquier intento de condicionar su liberación a un canje es inadmisible y violatorio de la ley.
El organismo recalcó que los servidores de la justicia cumplen funciones de protección y asistencia a víctimas, testigos e intervinientes en procesos penales, y que su secuestro constituye un delito extorsivo y un atentado directo contra el sistema judicial.
En un comunicado oficial, la Fiscalía destacó el apoyo de la ONU, MAPP/OEA, Comité Internacional de la Cruz Roja, Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que trabajan de manera constante para garantizar el retorno seguro de los servidores judiciales y los miembros de la Policía Nacional.
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Antecedentes del secuestro y acciones del Eln
Los agentes secuestrados fueron retenidos por el Eln en Arauca: Pacheco Oviedo y López Estrada desde mayo, mientras que Pérez Mendoza y Hoyos Murcia desde julio. El grupo guerrillero había publicado semanas atrás pruebas de vida, pero ahora anuncia un juicio unilateral que no tiene validez legal, dejando en evidencia el carácter ilegal de su acción y la presión que ejerce sobre las autoridades para intentar legitimar su accionar mediante términos como “justicia revolucionaria”.
Rechazo contundente de la Fiscalía y seguimiento del caso
La Fiscalía calificó de inadmisible la amenaza de un “juicio revolucionario” y reiteró que continuará investigando a los integrantes del Frente Oriental del Eln, responsables del secuestro extorsivo. Además, acompaña las gestiones de sindicatos de la Rama Judicial y de organizaciones de derechos humanos para garantizar la integridad, dignidad y libertad de los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional.
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El Gobierno y la Fiscalía han insistido en que la liberación de los secuestrados no puede ni debe depender de acuerdos de canje, y subrayaron que este tipo de acciones del Eln violan los derechos humanos y el marco legal colombiano.
Perspectiva sobre la seguridad y la justicia en Arauca
El anuncio del Eln evidencia la persistente amenaza a la seguridad de los funcionarios judiciales en zonas de conflicto, y refleja la estrategia de la guerrilla de mantener bajo presión a las autoridades mediante secuestros prolongados. La Fiscalía y la Policía Nacional continúan coordinando acciones para rescatar a los secuestrados y llevar a los responsables ante la justicia, mientras que organismos internacionales monitorean la situación y exigen respeto por los derechos humanos.
