Fiscalía y Procuraduría inician investigación por contrato para internet rural a Mintic

Las cosas cada vez pintan peor para la ministra de las Tecnologías de la Información Karen Abudinen, debido a las irregularidades denunciadas en el millonario contrato para suministrar internet en las escuelas del sector rural en todo el país, que, en vez de finalizar con el servicio para mejorar la calidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes de los lugares más apartados del país, terminó con la posible pérdida de un anticipo por $70.000 millones.

Agosto prácticamente inició con el llamado de Abudinen a debate de control político en el Senado. Ahora, la Fiscalía y la Procuraduría inician sus investigaciones por el escándalo de presunta corrupción.

La investigación de la Procuraduría General se puso en marcha desde el pasado 27 de julio, la indagación preliminar se basa en el contrato 1043/2020 celebrado por el MinTic para construir 10 mil centros digitales en zonas rurales de Colombia, la encargada de dicho contrato era la empresa Centros Poblados, la cual recibió el cuantioso anticipo y, a corte abril, solo ha avanzado en un 1%.

“Actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, explicó la Procuraduría.

Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa, en medio de varios anuncios sobre la lucha anticorrupción, explicó esta tarde que la institución ya ve el caso MinTic como un probable escenario de corrupción, por el cual se adelantan “varias acciones investigativas”. Barbosa anunció que el expediente fue priorizado y es un encargo especial para el director nacional Anticorrupción del ente investigador.

W Radio le hizo seguimiento al contrato y encontró probables irregularidades en este. Se evidenció, por ejemplo, que Centros Poblados no tenía la experiencia suficiente para llevar el internet a las zonas rurales del país, además, al parecer presentó una póliza falsa como garantía a la hora de cerrar el acuerdo. Centros Poblados ya recibió el anticipo por $70 mil millones, de un contrato cuyo valor ascendía a $1,7 billones y que, a la fecha, está suspendido y en medio de un escándalo por presunta corrupción.

Centros Poblados, por su parte, en un comunicado público, aseguró que esa plata “no se perdió”. “No es cierto que el anticipo recibido por valor de $70.000 millones esté embolatado o esté perdido como lo han manifestado algunos medios de comunicación, haciendo eco de la desinformación que ha incurrido MinTic, toda vez que dicho anticipo se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarios para la ejecución del contrato”, dijo la unión temporal.

En las últimas horas, la ministra Karen Abudinen, señaló que la Unión Temporal deberá devolver al estado los 70.000 millones de pesos, y se harán efectivas las clausulas penales que tiene el contrato.