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“No vamos a aflojar”: Gobernadora del Tolima endurece ofensiva contra minería ilegal tras violentos disturbios en Ataco

Ya son 46 máquinas destruidas y más de 14.000 galones de combustible incautados en operativos de la Fuerza Pública

La ofensiva contra la extracción ilegal de oro en el sur del Tolima se intensificó este miércoles tras un nuevo Consejo de Seguridad liderado por la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, quien anunció que continuarán las operaciones militares y policiales en zonas críticas como Ataco, especialmente en el centro poblado de Santiago Pérez y el sector de Puente Amarillo.

La reunión se realizó en el comando de la Policía del Tolima con presencia del Ejército Nacional, Fuerza Aeroespacial, Policía y demás autoridades regionales, luego de los recientes disturbios registrados durante operativos contra minería ilegal, donde fueron atacados vehículos oficiales y resultaron lesionados integrantes de la Fuerza Pública.

“Perseguiremos a quienes instrumentalizan a la comunidad”

La mandataria departamental aseguró que detrás de las alteraciones del orden público existirían estructuras delincuenciales que estarían utilizando a la población civil para impedir las acciones de las autoridades.

“Continuaremos nuestra lucha contra la extracción ilegal que se está llevando allí en este municipio. Pero además de eso, también perseguiremos a aquellos grupos delincuenciales que están haciendo parte de esta estructura criminal que está instrumentalizando a la comunidad e instrumentalizando también a los niños”, afirmó Matiz.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes alertas sobre la presencia de actores ilegales y el aumento de población flotante asociada a la explotación ilícita de oro en el sur del departamento.

Golpe a las redes ilegales: 46 máquinas destruidas

Durante el balance entregado por la Gobernación del Tolima, las autoridades confirmaron que las operaciones adelantadas hasta el momento dejan importantes resultados operacionales.

Según Matiz, ya han sido destruidas 46 máquinas utilizadas para actividades de extracción ilegal de oro en jurisdicción de Ataco.

Además, la Fuerza Pública ha incautado más de 14.000 galones de combustible que, presuntamente, serían utilizados para alimentar maquinaria vinculada a estas actividades ilícitas.

“Seguiremos con los controles viales y también con el control al combustible en el sur del departamento del Tolima”, indicó la gobernadora.

Las autoridades consideran que el suministro de combustible es uno de los principales puntos de apoyo logístico para las estructuras ilegales dedicadas a la minería clandestina.

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Gran Toma Social llegará a Santiago Pérez y Puente Amarillo

Como parte de la estrategia institucional, la gobernadora anunció una Gran Toma Social que se realizará este sábado 9 de mayo en Santiago Pérez y Puente Amarillo.

La jornada contará con participación de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía Municipal, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

La iniciativa busca llevar oferta institucional, atención social y acompañamiento a las comunidades afectadas por el fenómeno de minería ilegal.

“Generándole oportunidades a nuestros jóvenes y haciendo un acompañamiento permanente a nuestros campesinos”, señaló la mandataria.

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Autoridades advierten impacto social y de seguridad

El Gobierno Departamental reiteró que la extracción ilegal no solo representa una amenaza ambiental, sino también un problema de seguridad y salud pública para los municipios del sur del Tolima.

De acuerdo con las autoridades, este fenómeno ha generado incremento en el consumo de sustancias alucinógenas, alteraciones del orden público, problemas sanitarios y aumento de actividades delincuenciales.

La Gobernación insistió en que las operaciones continuarán en coordinación con la Fuerza Pública para recuperar el control territorial y evitar el fortalecimiento de estructuras criminales en la región.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos y entidades del Ministerio Público mantienen acompañamiento permanente en la zona para monitorear la situación humanitaria y social derivada de los operativos y la presencia de población flotante vinculada a estas actividades ilegales.

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