La tensión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios departamentales se mantiene. Tras una extensa reunión en el Ministerio de Hacienda, los gobernadores del país, agremiados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), confirmaron que no se logró ningún acuerdo frente a la aplicación del Decreto 1474 de 2025, que modifica el impuesto al consumo y el IVA de licores y cigarrillos.
Ante este escenario, los departamentos anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional del decreto en los artículos que, a su juicio, vulneran la autonomía territorial y ponen en riesgo recursos fundamentales para la financiación de la salud, la educación y el deporte en las regiones.
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Reunión sin consensos en el Ministerio de Hacienda
El encuentro contó con la participación del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt; gobernadores y delegados departamentales, así como el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera.
Aunque los mandatarios reconocieron la disposición al diálogo por parte del Gobierno Nacional, reiteraron que las explicaciones entregadas no despejan las preocupaciones estructurales que genera la medida. Según la FND, el decreto afecta directamente las rentas cedidas a los departamentos, desconociendo el carácter descentralizado del Estado colombiano.
“Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Cualquier medida que vaya en contravía de este mandato constitucional debe ser objetada”, señalaron los gobernadores en un pronunciamiento conjunto.
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Defensa de recursos para salud, educación y deporte
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el impacto del decreto en los ingresos que financian servicios esenciales. Los mandatarios coincidieron en que la reducción de estas rentas compromete la sostenibilidad de programas de salud pública, el funcionamiento de hospitales, la inversión educativa y el fomento del deporte en los territorios.
Por esta razón, anunciaron que interpondrán una acción ante la Corte Constitucional solicitando la suspensión provisional del Decreto 1474 de 2025, específicamente en lo relacionado con el aumento del Impuesto al Consumo y del IVA para licores y cigarrillos, mientras se resuelve de fondo su constitucionalidad.
No obstante, dejaron abierta la puerta al diálogo. “Estamos dispuestos a mantener las conversaciones y a participar en los espacios que convoque el Ministerio, pero sin renunciar a la defensa de los intereses regionales”, indicaron.
El Tolima expuso cifras y alertas económicas
Durante la reunión, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, presentó uno de los análisis más detallados sobre los efectos del decreto. Con cifras concretas, advirtió que su departamento dejaría de recibir cerca de $11.000 millones en el corto plazo si la medida entra en plena vigencia.
A esto se suma una reducción aproximada del 30 % en los recursos transferidos por la Fábrica de Licores del Tolima, lo que impactaría directamente la inversión social. Según las proyecciones expuestas, el impacto acumulado podría ascender a $52.000 millones en los próximos años, debido a la caída en ventas, pérdida de mercado y debilitamiento de las marcas regionales.
Riesgo de encarecimiento y mercado ilegal
La mandataria también alertó sobre el impacto que tendría el decreto en los precios al consumidor. De acuerdo con los cálculos presentados, los vinos podrían registrar incrementos entre 124 % y 140 %, mientras que los aguardientes y rones subirían entre 94 % y 105 %.
Este escenario, señaló, incentivaría el consumo de licor ilegal y de contrabando, afectando no solo las finanzas departamentales, sino también la salud pública. “El aumento desmedido de precios puede llevar a más informalidad, menos recaudo y mayores riesgos sanitarios”, advirtió.
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Llamado a excluir licores y cigarrillos del decreto
Al cierre de su intervención, la gobernadora del Tolima fue enfática en solicitar al Gobierno Nacional que excluya a los licores y cigarrillos del Decreto 1474. Insistió en que la posición de los departamentos no busca confrontación política, sino la defensa legítima de la autonomía territorial y de los derechos de las comunidades.
“Dialogar, disentir y reclamar no puede entenderse como una rebelión. Es un derecho legítimo que tenemos por el mandato constitucional que nos dieron los ciudadanos”, afirmó Matiz ante los ministros.
Tras la reunión con @MinHacienda y @MinInterior @AABenedetti, no hay acuerdo. Los gobernadores siguen firmes en la defensa de la autonomía territorial y de los recursos que garantizan salud, educación y deporte en las regiones y acudirán a la @CConstitucional para la suspensión… pic.twitter.com/t54ww2cVjn
— FND – Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) January 19, 2026
El debate continúa
Con la decisión de acudir a la Corte Constitucional, el debate sobre el Decreto 1474 de 2025 entra en una nueva fase jurídica e institucional. Mientras el Gobierno Nacional defiende la medida como una herramienta de emergencia económica, los departamentos sostienen que su aplicación, en los términos actuales, traslada la carga fiscal a las regiones y pone en riesgo servicios esenciales.
Por ahora, no hay acuerdo. Lo que sí está claro es que la defensa de la autonomía territorial y de las finanzas regionales se ha convertido en uno de los principales frentes de discusión entre las regiones y la Nación en el inicio de 2026.
