Camilo Ernesto OssaColumnistas

Hay cuestiones previas a resolver

Camilo Ernesto Ossa B. @camiloossa10

La semana pasada, en un programa de opinión local, estuvimos debatiendo acerca de los índices de informalidad laboral en la ciudad, la cual, según la última medición realizada por el DANE, en Ibagué está en el 52,8% y a nivel nacional se encuentra en el 58%. Pero son estas, unas cifras que deben ser leídas en conjunto con la informalidad empresarial presente en Colombia, las cuales, de acuerdo al Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial 2021, publicada el DANE, en Ibagué, la incidencia de la informalidad empresarial es del 84,1% y en todo el país es del 89,9%. Todo un círculo vicioso entorno a una crisis de formalización con incidencia en el desarrollo económico y social, tal vez, una pérdida de credibilidad institucional y unos bajos incentivos al cumplimiento de los requisitos señalados en la ley, que estimule pagar los costos de la formalización.

No hay confianza –ni esperanza dicen algunos-, en esa correlación de pagos (cumplimiento de requisitos) a la formalización y la retribución en la actividad, bien sea, laboral o empresarial (sectorizada esta última). Esto requiere una revisión exhaustiva, una generación de incentivos que lleven al ciudadano –incluido el empresario- a interiorizar la formalización más como un beneficio asociado a la creación de valor en su actividad.

Pueden existir muchos factores que inciden en lo planteado líneas atrás, algunos del resorte nacional y otros de competencia local pero, sin lugar a dudas, hay uno del cual se desprenden incentivos a la informalidad (la invasión del espacio público y uso indebido del suelo), baja competitividad y poco desarrollo económico y social (como desincentivo a la formalización) y es, el relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- de Ibagué. Como dirían coloquialmente, primero fue lunes que martes y al no estar planeada la visión económica, social y productiva de la ciudad, es muy difícil alcanzar cifras deseables de inversión y desarrollo en el municipio. Claramente, la administración municipal poco se ha preocupado por actualizar el POT y, esto, va a generar un conflicto en perjuicio de la economía local, pues ahora se viene, en el inmediato futuro, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, donde, temas vitales en lo local como el agua, la vivienda, la infraestructura vial (urbana y rural), entre otros, difícilmente van a quedar armonizados en una visión de nación-ciudad.

Ahora bien, de lo que se trata es de llegar a una composición de intereses, visiones y objetivos entre la nación y los territorios (para este caso Ibagué) de manera escalonada, por eso me preocupa cómo llegamos a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, sí previamente no estamos “de acuerdo” en el modelo de ordenamiento territorial ni en el marco de actuación para desarrollarlo, una tensión que, más temprano que tarde, habrá que resolver.

Un dato: según la encuesta Pulso Social, publicada por el DANE la semana pasada, de julio de 2022, en cuanto a la seguridad alimentaria se refiere, en Ibagué, tan solo el 66,3% de los hogares, consumen 3 o más comidas al día, muy por debajo de la media nacional que se ubicó en el 76,2% -que también es baja- y que ubicaría a la capital del Tolima en el sexto lugar de inseguridad alimentaria de las 23 ciudades medidas. Todo un problema social que requiere acciones urgentes de respuesta.

 

 

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