En una acción que usualmente se adelanta por parte de los organismos de salud en los municipios, la fiscalía decidió aplicarle extinción de dominio a planta de sacrificio clandestino de porcinos sin el cumplimiento de las condiciones de salubridad exigidas por las autoridades ambientales, y sin contar con el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
El material de prueba da cuenta de que la carne porcina que allí se obtenía, no sería apta para el consumo. Se constató que los cerdos eran sometidos a condiciones de estrés antes de su sacrificio y en los inmuebles se hallaron alimentos en descomposición, altamente contaminados y fuera de la cadena de frío.
Adicionalmente, abundante evidencia técnica da cuenta de que los desechos y lixiviados que surgían de la actividad de sacrificio de los animales, serían arrojados a fuentes hídricas que alimentan el suministro de agua a través del acueducto de los habitantes en Tunja (Boyacá). También fue hallado un pozo séptico que, al no contar con los permisos para disponer de los residuos de manera industrial, estaría generando daños al suelo y subsuelo en el inmueble rural allanado en la vereda Runta (Boyacá), que serviría de matadero clandestino
