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Procuraduría prende las alarmas por el Hospital San Juan Bautista de Chaparral: contrato supera los $82.700 millones

El Ministerio Público pidió información actualizada para establecer cuánto ha avanzado realmente la obra.

El Ministerio Público intensificó el seguimiento preventivo a la construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral y pidió información actualizada para establecer cuánto ha avanzado realmente la obra y si se está cumpliendo el cronograma.

La construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral quedó bajo una vigilancia más estricta de la Procuraduría General de la Nación, que decidió intensificar el seguimiento preventivo al proyecto considerado prioritario para la prestación de servicios de salud en el sur del Tolima.

La actuación busca establecer con mayor precisión el estado actual de la obra y anticipar posibles riesgos relacionados con la ejecución del contrato.

La preocupación del Ministerio Público está relacionada principalmente con la información reportada hasta ahora por la Gobernación del Tolima, pues, aunque el contrato supera los $82.725 millones y registra pagos equivalentes al 12,06 %, los datos entregados no permitirían establecer con suficiente claridad cuál es el avance físico real de la construcción.

Ante este escenario, la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima solicitó información adicional sobre diferentes aspectos técnicos, financieros y contractuales del proyecto.

Procuraduría pide claridad sobre el avance de la obra

El ente de control solicitó informes actualizados que permitan establecer el estado físico y financiero del hospital.

Entre la información requerida se encuentran los cronogramas de ejecución, reportes de interventoría y supervisión, actas de seguimiento y los riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto.

También pidió conocer cuáles han sido las medidas correctivas adoptadas para garantizar que el contrato avance de acuerdo con las condiciones establecidas.

La actuación tiene carácter preventivo, por lo que no significa que la Procuraduría haya establecido la existencia de irregularidades o incumplimientos contractuales.

El objetivo, según el Ministerio Público, es contar con información suficiente para identificar oportunamente posibles riesgos y evitar que estos terminen afectando la ejecución de una obra considerada estratégica para la región.

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Un contrato que supera los $82.725 millones

Uno de los datos que genera especial atención es el valor de la contratación.

De acuerdo con la información reportada por la Gobernación del Tolima y citada por la Procuraduría, el contrato para la construcción del nuevo hospital supera los $82.725 millones.

Hasta el momento se registra un pago equivalente al 12,06 %.

Sin embargo, para el Ministerio Público este porcentaje de ejecución financiera no permite, por sí solo, establecer cuál es el avance físico de la obra.

Por esta razón, la Procuraduría busca cruzar la información financiera con los reportes técnicos y de interventoría para determinar si existe correspondencia entre los recursos ejecutados y el avance real del proyecto.

Una obra clave para el sur del Tolima

El nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral representa un proyecto de alto impacto para los habitantes del sur del departamento.

La infraestructura está relacionada directamente con la capacidad de prestación de servicios de salud para una región que requiere contar con instalaciones adecuadas para atender las necesidades de su población.

Por eso, el seguimiento preventivo busca contribuir a que la obra pueda desarrollarse de manera eficiente y dentro de las condiciones contractuales previstas.

La Procuraduría señaló que su actuación pretende proteger el patrimonio público y contribuir a que el proyecto avance de manera adecuada.

Cronograma, interventoría y riesgos, bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del requerimiento es conocer el cronograma actualizado de la obra y establecer si las actividades previstas se están desarrollando conforme a lo establecido en el contrato.

También se solicitaron los informes elaborados por la interventoría y la supervisión, así como las actas que documenten el seguimiento realizado al proyecto.

Estos documentos permitirán conocer las condiciones actuales de la ejecución y los riesgos que hayan sido identificados durante el desarrollo de la construcción.

La Procuraduría también quiere conocer las medidas correctivas que hayan sido adoptadas frente a los posibles riesgos detectados.

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Vigilancia preventiva, no una sanción

La intervención de la Procuraduría debe entenderse dentro de sus competencias de vigilancia preventiva.

El ente de control no informó, en el comunicado, sobre una sanción contra la Gobernación del Tolima ni estableció que exista un incumplimiento definitivo del contrato.

Lo que hizo fue intensificar el seguimiento y requerir información adicional para determinar con mayor precisión cómo avanza el proyecto.

Esta diferencia resulta relevante: la Procuraduría busca anticiparse a eventuales problemas antes de que puedan afectar la ejecución de una obra financiada con recursos públicos.

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