El director territorial del IGAC en Tolima, Javier Bríñez, aseguró que los recientes ajustes en los avalúos catastrales responden a un rezago de hasta 28 años en varios municipios, lo que ha generado inconformidad entre ciudadanos por el impacto en el impuesto predial.

En declaraciones al periodista Miguel Gómez, director de Tamalio Noticias, el funcionario indicó que lo que sucede es que gran parte del país vienen con unos procesos de desactualización muy grandes. El Tolima no es la excepción. Nosotros tenemos aquí municipios donde los procesos de actualización catastral no se adelantan desde hace más de 28 años, municipios en los cuales tenemos los avalúos de hace 28 años».

«El artículo 49 del Plan de Desarrollo que buscaba precisamente era eso, disminuir los rezagos de los avalúos para el sistema de equidad y la tributaria que se hacía, no podíamos mantener todo un departamento con una serie de avalúos que realmente no eran los que estaban en el mercado inmobiliario».

«La expedición del acto administrativo, por medio del cual subsanamos este valor es lo que tiene un poco  indispuesta a la comunidad, pero queremos demostrar que los procesos que hicimos están dentro de la ley y ajustándose a todos los procedimientos técnico que adelantamos nosotros en los municipios como máxima autoridad catastral del país».

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Ibagué maneja su propio catastro

«Para Ibagué, nosotros como Instituto ya no somos los gestores catastrales, Ibagué maneja su propio catastro Nosotros manejamos el resto de los municipios del Tolima, los 46 municipios restantes y tuvimos dos tipos de implementación en aras del catastro multipropósito», aclaró el funcionario.

Dijo que hicieron procesos de actualización masivos en municipios del sur del Tolima, los municipios PDET, los cuales quedaron actualizados bajo los tres parámetros que determina la ley, que son componente físico, jurídico y económico.

«Esos barridos se hicieron en Planadas, Chaparral, Ataco y ya años anteriores lo habíamos hecho en Rioblanco. En esos procesos renovamos toda la base catastral porque hicimos un barrido predio a predio. Del resto de los municipios, en 38, lo que hicimos fue la aplicabilidad del artículo 49, que es la reducción de los avalúos catastrales. Esto no se puede tomar como una actualización porque simplemente actualizamos los valores económicos. No actualizamos los valores físicos ni jurídicos. Entonces esto no es una actualización sino una reducción del resultado catastral».

Javier Bríñez, Director Territorial IGAC Tolima. Entrevista Tamalio Noticias

Preguntado por quejas de personas que decían «Yo pagaba 14 mil pesos ahora me toca dos millones de pesos» y hoy creen que  les están metiendo la mano al bolsillo de manera injusta, Briñez explicó que «la  metodología o mecanismo que utilizamos para esa reducción en ningún momento buscábamos como prejudicar a la persona. Simplemente nuestro ejercicio busca llevar esos valores porque cuando tenemos un bien inmueble y lo tenemos un avalúo de hace 20, 28 años y lo llevamos a un valor se siente el golpe».

Explicó que había una brecha tan enorme de un predio comprado hace 28 años a hoy ya no vale lo mismo. La tierra, dijo, por lo regular, siempre mantiene un crecimiento continuo en cuanto a su valor. «Entonces, cuando hacemos la reducción del rango, los avalúos los llevamos a uno más real del momento, pero el Gobierno, en vista de lo que podía suceder en cuanto al tema de tirbutación, generó una serie de normas que permitían limitar ese crecimiento en cuanto al impuesto, más no el avalúo que se regula de acuerdo al mercado inmobiliario, a cómo se oferta y cómo se compra y se vende en el territorio. Este año incrementamos el avalúo, pero así mismo el gobierno ya tenía dos, existían dos leyes que permitían que ese avalúo no subiera. El avalúo puede subir, pero el impuesto no podría subir más del 50%», expuso.

En el caso de Murillo, donde en una zona geoeconómica subió 16.000%,  dijo. «uno dice Dios mío, ¿el Instituto qué hizo?, pero cuando ya lo analizamos, por ejemplo, el municipio de Murillo llevaba 28 años sin proceso de valores y había zonas que venían con un valor por hectárea de 43 mil pesos. Si se verifica un valor catastral de una hectárea y el mismo otro cuadrado en 43 mil pesos y aplicas el rezago catastral y lo colocas a un valor más ajustado a la realidad económica de hoy, ese valor de 43 mil pesos, el valor comercial de esa zona es de 7 millones. Eso lo bajamos al 50 por ciento, nos da como 5. Ese porcentaje entre 43 mil pesos a 5 millones es el que nos da el 16 por ciento, que son los 5 millones que hoy tenemos establecidos después de haber hecho un estudio económico de los 521 municipios que pusimos en vigencia».

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«Hicimos un estudio de más de dos años en los cuales realizamos valores catastrales, trabajos de campo, hicimos todo el tema de verificación de suelos, potenciabilidad, rendir rentabilidad. Entonces, muchas veces nos centramos en porcentajes, pero nunca miramos qué valor venía y en cuál valor quedó. Ese 16 mil por ciento es específicamente determinado», agregó.

Para el encargado del IGAC en el Tolima, «hay que determinar también que este rezago catastral solo modificó los valores del terreno. No tocamos valores de construcción. El avalúo se determina en dos componentes, el componente del suelo y el componente de la edificación. La metodología que aplicamos solo modificó el valor en el terreno. Dependiendo de la extensión del predio, pues así mismo va a ser la valor resultante».

Bríñez indicó que «es bien importante que la comunidad entienda que no necesariamente tiene que venir aquí a la dirección territorial en Ibagué. Nosotros tenemos mecanismos de atención también virtual, a través del correo tolima@igac.gov.co , nos pueden hacer llegar todas las solicitudes y nosotros daremos respuesta pronto»

«Nosotros estamos ubicados aquí en la calle 13 entre la carrera Tercera y Cuarta. También para usuarios de otros municipios tenemos una oficina en el municipio de Chaparral a las personas que están en el sur, ubicada en el CIF. Estamos atendiendo en dos oficinas y en cualquiera de las dos oficinas y estaremos atentos a las solicitudes y resolver los problemas. Como todo  hay procesos masivos, pudimos haber cometido algún error pero nuestra propia normatividad nos permite corregir toda la información», puntualizó Bríñez.