Imputan a exfiscal que ordenó capturas contra Carlos Alvarado, dueño de Mercacentro: defensa denuncia 18 irregularidades
La exfiscal especializada Yolanda Sepúlveda Lozano fue imputada por presuntas actuaciones irregulares relacionadas con decisiones judiciales adoptadas en 2010 contra 11 ciudadanos, entre ellos el empresario tolimense Carlos José Alvarado Parra. En entrevista exclusiva con Don Tamalio Noticias, el abogado Wilson A. Vallejo Franco aseguró que la denuncia se originó en cuestionamientos sobre la verificación de las pruebas que dieron lugar a las capturas.
El proceso judicial que rodeó la captura del propietario de Mercacentro, Carlos José Alvarado Parra, y de otros ciudadanos en marzo de 2010 tiene un nuevo capítulo. La Fiscalía imputó a la exfiscal especializada Yolanda Sepúlveda Lozano por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en un caso que, según la defensa, estuvo marcado por decisiones que habrían afectado la libertad y los derechos de varias personas.
De acuerdo con la información entregada sobre la actuación judicial, el ente acusador le atribuye 18 hechos presuntamente irregulares y le imputó los delitos de prevaricato por acción agravado, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia se llevó a cabo ante el Juzgado 80 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, por solicitud de la Fiscalía 66 Seccional, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, Regional 5.
En entrevista exclusiva con Don Tamalio Noticias, el abogado Wilson A. Vallejo Franco, quien representó intereses de personas vinculadas al proceso original, explicó que la denuncia contra la exfuncionaria fue presentada después de cuestionar la forma en que se obtuvieron, verificaron y utilizaron los informes que sirvieron de fundamento para las decisiones judiciales.
Vallejo sostiene que las autoridades debían comprobar la información recibida antes de solicitar o adoptar medidas que restringieran la libertad de los investigados. La imputación, sin embargo, corresponde a una etapa procesal y no constituye por sí misma una condena contra la exfiscal.
Las capturas del 23 de marzo de 2010
Los hechos investigados se remontan al 23 de marzo de 2010, cuando fueron capturadas 11 personas, entre ellas Carlos José Alvarado Parra, su hermano Jaime Alvarado, Gerardo Alvarado y Benigno Ortiz, además de otros ciudadanos y sus familiares vinculados a la investigación.
En ese momento, las actuaciones estaban relacionadas con señalamientos sobre presuntos vínculos con las FARC y con posibles conductas de testaferrato, lavado de activos, secuestro y extorsión. Según la hipótesis de la Fiscalía en el proceso contra Sepúlveda, los informes de un comité interinstitucional y las versiones atribuidas a personas desmovilizadas no habrían ofrecido suficiente respaldo probatorio para justificar las medidas adoptadas.
Vallejo cuestionó que se hubiera desplegado un operativo de captura contra los ciudadanos y que el caso tuviera amplia exposición en los medios de comunicación. En la entrevista, sostuvo que el procedimiento fue desproporcionado frente a las circunstancias y afirmó que, desde entonces, la defensa buscó establecer cómo se originaron los señalamientos.
El abogado recordó que en 2012 formuló una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Sepúlveda y otros funcionarios que, según dijo, intervinieron en el proceso. También mencionó una denuncia contra el entonces director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, por declaraciones públicas relacionadas con la investigación. Vallejo afirmó que las indagaciones sobre este último asunto seguían vigentes, aunque esa situación no fue verificada de manera independiente para esta publicación.
Noticias: Hospital de Cajamarca fortalece la detección temprana del cáncer en las mujeres – Don Tamalio
La defensa cuestiona los informes que sustentaron las decisiones
Uno de los principales señalamientos de Vallejo se relaciona con la presunta falta de verificación de la información que sirvió de base para las órdenes de captura y otras decisiones judiciales.
El abogado explicó que, a su juicio, la labor de un fiscal no puede limitarse a recibir informes o datos de una fuente humana, sino que debe incluir la comprobación de su contenido y la búsqueda de elementos que permitan establecer si existen fundamentos suficientes para actuar.
Como ejemplo, relató que durante la revisión de los documentos del caso la defensa habría encontrado que el nombre de Jaime Alvarado no aparecía en uno de los informes que inicialmente examinaron. Según su versión, cuando preguntaron por ese documento durante la diligencia correspondiente, les indicaron que el cuaderno en el que figuraba la información estaba en Bogotá.
Vallejo aseguró que posteriormente encontraron elementos que, en su interpretación, indicaban que el nombre de Jaime Alvarado habría sido incorporado en el mismo documento, con la misma fecha y hora, entre Bogotá e Ibagué. El abogado calificó este episodio como una de las presuntas irregularidades que sustentaron su denuncia.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa. La responsabilidad de la exfiscal y el alcance de los hechos atribuidos deberán establecerse en el proceso judicial, con valoración de las pruebas y garantías para las partes.
¿Qué ocurrió con el proceso contra Carlos Alvarado?
Durante la entrevista, Vallejo manifestó que la investigación contra Carlos José Alvarado y su familia fue precluida en 2011. Según el abogado, esa decisión permitió cerrar la actuación penal contra sus representados al no encontrar fundamento para continuar con los señalamientos que dieron origen al caso.
El defensor sostuvo que nunca estuvo en duda, desde su perspectiva, el origen del patrimonio del empresario y que la defensa insistió en que se investigara cómo se construyeron los informes que llevaron a las capturas.
No obstante, el cierre de la investigación contra los ciudadanos y la actuación que ahora enfrenta la exfiscal son asuntos distintos. La imputación conocida recientemente no significa que todos los cuestionamientos de la defensa hayan sido declarados judicialmente probados, sino que la Fiscalía atribuye a Sepúlveda conductas que deberán examinarse dentro del proceso correspondiente.
En los antecedentes del caso también se informó que, tras las decisiones que favorecieron la libertad de los hermanos Alvarado, continuaron actuaciones relacionadas con la extinción de dominio de bienes. La situación actual de esos procedimientos no fue precisada durante la entrevista.
Los 18 hechos y los delitos imputados
La Fiscalía atribuye a Sepúlveda 18 hechos jurídicamente relevantes que, según la hipótesis investigativa, estarían relacionados con decisiones adoptadas cuando se desempeñaba como fiscal 35 especializada en Bogotá.
Los delitos imputados son prevaricato por acción agravado, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Además de las decisiones relacionadas con las capturas, la investigación incluye presuntos hechos vinculados con bienes administrados por la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes y posibles beneficios para la empresa Casa Motor en el acceso a activos o contratos de arrendamiento, situaciones que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían podido ocasionar un detrimento patrimonial.
Vallejo señaló que la denuncia presentada por la defensa buscaba que se examinaran las actuaciones de los funcionarios y las posibles omisiones en la verificación de los informes. Aseguró que parte de las situaciones que denunciaron coincide con los hechos que ahora la Fiscalía atribuye a la exfiscal.
La investigación deberá determinar cuáles de esos hechos cuentan con respaldo probatorio y si existe responsabilidad penal. Hasta que haya una decisión judicial de fondo, se mantiene la presunción de inocencia de la persona imputada.
Un caso que vuelve a la discusión pública
Más de 16 años después de las capturas, el caso vuelve a generar atención por la imputación contra la exfuncionaria que participó en las decisiones cuestionadas por la defensa. Para Vallejo, el objetivo de insistir en la denuncia ha sido establecer por qué se adoptaron esas medidas y qué ocurrió con la información que las sustentó.
El abogado afirmó que continuará defendiendo su posición sobre las presuntas irregularidades y destacó que, en su criterio, la investigación debía ir más allá de los informes iniciales para examinar su origen y verificar su contenido.
El nuevo proceso tendrá que establecer si las actuaciones atribuidas a Sepúlveda constituyeron delitos y cuál fue su alcance. Por ahora, la imputación representa un avance en la investigación de los hechos denunciados, pero no equivale a una declaración de culpabilidad.
