Investigan estaciones de gasolina en Colombia que estarían favoreciendo al narcotráfico
En Colombia, de acuerdo con los informado por la Fiscalía General de la Nación, una forma de corrupción del sector privado es abastecer de gasolina y cemento al narcotráfico, ya que con el combustible se desarrollan procesos catalizadores para generar la base de coca. El organismo judicial indicó que estas estaciones de gasolina serían intervenidas en los próximos días.
Investigadores de la Fiscalía preparan acciones judiciales contra un total de 33 estaciones de gasolina que estarían favoreciendo las actividades de las redes del narcotráfico, prestándose para cometer el delito de lavado de activos.
Estas ventas presuntamente ilícitas constituirían una modalidad de corrupción privada y con la intervención de cada una de estas estaciones de servicio de gasolina se estarán impactando ocho toneladas de cocaína que se producen a partir de estas ventas de combustible que están realizando.
Las investigaciones han indicado que en Colombia al parecer hay más estaciones de gasolina que población, después de cruzar bases de datos y encontrar 33 estaciones de servicio de gasolina, a través del Big Data, que presentan comportamientos atípicos de ventas y se encuentran georeferencialmente en sitios donde abundan los cultivos de coca.
El ente investigador estableció que por ejemplo una estación de gasolina ubicada en el municipio de Riosucio, Chocó, reporta ventas al año por más de 1.2 millones de galones de combustible lo que llamó la atención a los investigadores, ya que ese municipio cuenta con apenas 20 mil habitantes y vende lo mismo que la estación de gasolina que tiene la facturación más alta en el país, ubicada en la avenida El Dorado con Avenida Boyacá, cerca al Aeropuerto.
Por otra parte, las autoridades les preocupa que actualmente estas estaciones de gasolina reciben exenciones del IVA y aranceles, además según los cálculos hechos por los investigadores, el Gobierno les desembolsa 1.476 millones de pesos al año en beneficios, lo que podría constituir una desviación de recursos públicos para favorecer la producción de drogas ilícitas.
