En audiencia ante la Corte Constitucional por el ajuste de la UPC, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la crisis del sistema no es por falta de recursos, sino por fallas estructurales y mala administración.
“No es cierto que exista una insuficiencia de la UPC. Este Gobierno ha hecho un aumento histórico en este rubro”, afirmó el jefe de cartera, al tiempo que presentó evidencia técnica que respalda el crecimiento sostenido de la financiación del sistema en los últimos años.
Entre 2022 y 2026, la UPC reconocida pasó de $75,4 billones a $96,4 billones, lo que representa un crecimiento real del 28%, equivalente a más de $21 billones adicionales en tan solo cuatro años. Este incremento se suma al aumento del 51,4% en el presupuesto del sector salud, que equivale a cerca de $25 billones adicionales, consolidando el mayor esfuerzo fiscal del Estado colombiano en materia de salud en décadas recientes.
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Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, a su salida de la Corte Constitucional.
Jaramillo advirtió que la crisis persiste por fallas en la intermediación: crecen las deudas de las EPS y hay más de $15 billones sin trazabilidad. Por ello, cuestionó que el debate se centre en la UPC y no en quién está administrando mal los recursos.
Durante su intervención, el ministro también desmontó uno de los principales argumentos utilizados por algunos sectores para justificar la necesidad de mayores recursos: el uso de indicadores de siniestralidad financiera. “La siniestralidad financiera no mide la suficiencia de la UPC, mide la eficiencia de las EPS”, explicó, subrayando que las pérdidas financieras de estas entidades no pueden atribuirse automáticamente a un déficit en la prima, sino que deben analizarse en función de su gestión del riesgo, sus costos y sus decisiones administrativas.
El ministro hizo un llamado a que la Corte Constitucional amplíe el análisis más allá del valor de la UPC y examine el papel de la intermediación en el sistema de salud. Señaló que es en este nivel donde se concentran distorsiones como la asimetría de la información, la integración vertical, la ineficiencia en la gestión del riesgo y comprobadas desviaciones de recursos.
“El país no puede seguir discutiendo únicamente cuánto dinero se asigna al sistema, sino cómo se administra, quién lo gestiona y por qué no está llegando de manera oportuna y efectiva a los pacientes”, concluyó.
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