Hoy se dio una noticia importante en materia de salud en Colombia, la cual tiene que ver con la petición del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larralte, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, quienes se pronunciaron y solicitaron que se adelante en forma inmediata la intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás.
En comunicación enviada al Ministro de Salud, Iván Darío González Ortiz, y al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, los jefes de los entes de control alertaron sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados a Medimás EPS S.A.S, representada en la falta de garantías en la prestación del Plan Básico de Salud y las irregularidades en la administración de los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud.
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Señalaron que Medimás ha tenido un incremento exponencial en los pasivos que pasaron de $2,037 billones de pesos (diciembre de 2018) a 2,726 billones (noviembre de 2019) y acumula pérdidas superiores a -$803.295 millones de pesos.
Todos los indicadores financieros de la EPS se encuentran en rojo, porque incumple con las exigencias de capital mínimo, patrimonio adecuado, razón corriente, liquidez, monto y régimen de inversión de las reservas técnicas. A la fecha, ha superado el límite legal de gastos administrativos, y se encuentra incursa en causal de liquidación por cuanto su patrimonio neto es inferior al cincuenta por ciento del capital suscrito.
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Los resultados de las auditorías y actuaciones preventivas adelantadas por los organismos de control, habrían podido evidenciar posibles acciones y omisiones por parte de los administradores de MEDIMÁS E.P.S. S.A.S (contratistas, y/o empleados) a través de las cuales, al parecer, se estarían desviando los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud que superarían los $635.000 millones de pesos.
Señalaron que Medimás está incursa en todas las causales de intervención del Estado, de revocatoria del certificado de autorización para operar y de liquidación; que no cumple con ninguna de las condiciones de habilitación, y que no se pueden ignorar las cuestionables condiciones operacionales que tiene la EPS, por lo que debe darse cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales para evitar afectaciones a los afiliados.
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