La Gobernación del Tolima encendió las alarmas por la presunta utilización de menores de edad en actividades relacionadas con la minería ilegal en el municipio de Ataco, una situación que, según las autoridades, estaría siendo empleada para obstaculizar las acciones de la Fuerza Pública en la zona.
La directora de Derechos Humanos del departamento, Lina Sandoval, rechazó de manera contundente estos hechos y advirtió que la vida y protección de la niñez no pueden ser objeto de negociación ni de justificación bajo ninguna circunstancia.
«Es lamentable que pongamos la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en peligro. No hay excusa, no hay justificación, porque son la vida de nuestro presente y nuestro futuro. Rechazamos contundentemente que sean instrumentalizados, que sean usados estos niños, niñas y adolescentes», indicó la funcionaria.
Sandoval hizo un llamado urgente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que refuerce su presencia en el territorio y active los protocolos de protección, ante lo que calificó como una vulneración grave de derechos.
«Necesitamos estar allí y por eso nuestra gobernadora ha dado directrices claras y se pide que el bienestar familiar, que es el garante de la niñez en Colombia, esté allí haciendo su gran labor. En el Comité de Justicia Transicional estuvimos con la directora y hablamos con ella al respecto y me dice que están haciendo sus debidos procedimientos y están organizando unos equipos para poder acompañar allí, porque se requiere un mayor número de personas para poder acompañar esta actividad», afirmó la directora.
De acuerdo con la funcionaria, una de las principales preocupaciones de la administración departamental recae en el papel de los adultos responsables de los menores que estarían siendo vinculados a estas actividades, al advertirse un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección.
“Se requiere que estos padres o tutores sean responsables con sus acciones. No es posible que estos niños no se encuentren estudiando, no se encuentren siendo formados”, señaló, al insistir en que la exposición de menores a escenarios de riesgo constituye una vulneración grave de sus derechos fundamentales.
La directora enfatizó que, más allá de la situación operativa en zonas de minería ilegal, existe una responsabilidad directa de los cuidadores en garantizar condiciones adecuadas de educación, protección y desarrollo para los niños, niñas y adolescentes. “¿Dónde está la responsabilidad como padres en poner a nuestros hijos en semejante peligro? Nuestra invitación es a cuidarlos, son derechos y los derechos de los niños hay que cuidarlos.”, cuestionó.
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La directora también advirtió que, según la información conocida por las autoridades, algunos menores estarían siendo utilizados como una especie de barrera humana durante los operativos, lo que dificulta la intervención de la Fuerza Pública.
«Lo que sucede es que están viendo en los niños la excusa o la justificación de proteger. Si ven a un niño o a un menor, ellos piensan, entonces la institucionalidad no puede entrar, no me puede obligar y los están usando como escudos humanos. Y es allí donde está el riesgo, donde no se puede ni violentar los derechos de los niños, pero hay que seguir con esa tarea tan importante de cuidar y conservar el medio ambiente», puntualizó.
Así mismo, Sandoval reiteró que, aunque la minería es una actividad legal bajo ciertos parámetros, en estos casos se estarían incumpliendo las normas ambientales y los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Minería, lo que agrava el panorama en la región.
Finalmente, insistió en que la protección de la niñez debe prevalecer por encima de cualquier actividad ilícita y anunció que la Gobernación mantiene el acompañamiento institucional junto a la Fuerza Pública y entidades de protección social para atender la situación en el territorio.
