
Ante esta decisión histórica tomada por el monarca de la Iglesia católica, este martes se dio la orden de eliminar el secreto pontifico para los casos en los que se presente abuso sexual.
Los primeros pronunciamientos de la decisión fueron entregados por monseñor Charles Sciclina, secretario general adjunto para la Congregación de la Fe, quien afirmó que, “Se trata de una norma histórica que elimina obstáculos e impedimentos”.
En la normativa «Instrucción sobre la reserva de las causas”, de cinco artículos, el Papa entierra el secreto pontificio para estos casos. En el documento de advierte que, «no puede imponerse ninguna obligación de silencio sobre los hechos encausados al denunciante, a la persona que afirma haber sido perjudicada y a los testigos».
En la norma, Francisco también se compromete a dar la debida información a las víctimas y a los afectados, señaló en un comunicado Andrea Tornielli, director editorial del Vaticano.
El secreto de confesión sigue vigente
El «secreto pontificio» se refiere a la confidencialidad en el manejo judicial de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros delitos graves de este tipo. La ley no afecta al «secreto de confesión», que sigue vigente, explicó Tornielli.
Otras disposiciones de la norma
Con la nueva disposición, el papa responde a los pedidos hechos durante la inédita cumbre dedicada a los abusos sexuales y la pederastia celebrada en febrero en el Vaticano. Tras la cumbre, Francisco divulgó en mayo un ‘Motu Proprio‘, una ley que por primera vez imponía a sacerdotes, religiosos y religiosas la obligación de denunciar no sólo los casos de abuso sexual, sino también el acoso y el encubrimiento.
Con las nuevas normas el papa establece también como delitos graves «la adquisición, posesión o divulgación, con fines libidinosos, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio». Hasta ahora el delito de pornografía infantil incumbía a menores de 14 años, pero la edad fue aumentada.
El papa eliminó también la obligatoriedad de que el abogado y el fiscal de los delitos más graves contra la moral tengan que ser sacerdotes.




