La Procuraduría General de la Nación sancionó, con destitución e inhabilidad general por 10 años, al concejal de Lérida, Tolima (2016-2019), Carlos Arbey Figueroa Navarro, por apropiación de dineros públicos.
El disciplinado, entre febrero y diciembre de 2017 cuando fungía como presidente del concejo, y de enero a abril de 2018 en su condición de concejal, recibió los recursos para pagar sus aportes de salud al sistema de seguridad social y no los utilizó para este fin.
Con este comportamiento Figueroa Navarro incurrió en la falta gravísima, considerada como delito denominada, peculado por apropiación, que sanciona al servidor público que se apropia, en provecho suyo o de un tercero, de bienes del Estado.
El ente de control calificó la conducta del concejal como gravísima a título de dolo por cuanto, a pesar de conocer las normas que regulan el manejo de los recursos públicos transferidos por la administración municipal, de manera deliberada y sistemática orientó su voluntad a quebrantarlas.
Contra el fallo de primera instancia, el defensor de oficio del disciplinado interpuso recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Regional del Tolima.
