Una jornada de caos vial y tensiones vivió Ibagué por las protestas contra los operativos a plataformas de transporte ilegal, dejaron trancones, agresiones a agentes de tránsito, daños a un vehículo y la judicialización de un veedor señalado de impedir un procedimiento en el aeropuerto.
El secretario de Tránsito de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, en diálogo con Tamalio Noticias, explicó que las agresiones del 7 de agosto se dieron en el marco de los operativos contra el transporte ilegal por plataformas digitales.
«Tuvimos una manifestación, una protesta por parte de un grupo de ciudadanos y en cuanto a eso, sí, lo primero que podemos decir es que la administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Johana Aranda, siempre ha garantizado pues el derecho que tienen todos los ciudadanos de expresarse, de manifestarse, de exponer sus inconformismos en relación con cualquier tipo de acción. Lo que no se puede tolerar y lo que sí resulta inconcebible es que en el marco de cualquier tipo de manifestación o expresión se realicen acciones violentas en contra de ciudadanos, de funcionarios o de las mismas personas que participan en las manifestaciones», relató Rodríguez.
Y sostuvo que «el día de ayer desafortunadamente veíamos cómo se rotaban en grupos en los que habitualmente este tipo de ciudadanos están militando unas serias y graves amenazas en contra de la vida e integridad de los agentes de tránsito, específicamente de un par de agentes de tránsito».
«Anoche, entre las 7:00 y las 9:30 p. m., se llevó a cabo un consejo de seguridad encabezado por la alcaldesa, con la participación del comandante de la Policía Metropolitana, el secretario de Gobierno, el director de Seguridad, la Secretaría de Movilidad y la Dirección Operativa. El encuentro se centró en la preocupación por indicios serios de violencia contra funcionarios públicos y responsables de operativos», manifestó el funcionario.
El Secretario de Tránsito indicó que se enfatizó que, aunque se respeta el derecho a la libre expresión y a la protesta, no se puede tolerar que estas deriven en hechos violentos, como el bloqueo de vías, pues constituyen una agresión a los derechos de los demás ciudadanos.
El funcionario hizo un llamado a todos los ciudadanos «para que tengamos sensatez al momento de expresar cualquier tipo de inconformismo, esta administración municipal siempre ha estado abierta y dispuesta para cualquier tipo de diálogo, de manifestación, de escucharnos, de sentarnos, de buscar soluciones, pero lo que no vamos a permitir y desde la administración vamos a controlar es que no se genere violencia ni en contra de los ciudadanos ni en contra de los funcionarios públicos».
Audio secretario de Tránsito de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez.
Recalcó que la ciudad no es una “república independiente” y que, por el contrario, está sujeta al cumplimiento estricto de la ley. Explicó que la normativa nacional del transporte define claramente cuáles vehículos pueden movilizar pasajeros en el territorio: taxis, busetas y servicios especiales. No existe autorización para un transporte alternativo ni para que vehículos particulares presten este servicio. Bajo esa premisa, advirtió que el municipio no puede permitir que se infrinja la ley, pues la Secretaría de Tránsito es vigilada por entidades nacionales como la Superintendencia de Transporte, que exige el cumplimiento de las normas.
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Rodríguez señaló que muchos ciudadanos desconocen que, si la administración no ejecuta los operativos contra el transporte ilegal —que deben reportarse mensualmente a nivel nacional—, la ciudad se expone a sanciones millonarias. Aclaró que no se trata de una persecución contra los ibaguereños, ya que estos procedimientos se realizan en todas las ciudades del país. Indicó que, si la ley llegara a cambiar y se autorizara a otros tipos de vehículos prestar el servicio, la Alcaldía garantizaría su implementación; sin embargo, recalcó que, por ahora, los agentes de tránsito simplemente cumplen con lo que la norma ordena.
El funcionario cuestionó que algunas personas utilicen el argumento del derecho al trabajo para justificar acciones violentas o el incumplimiento de la ley. “Imagínese si cualquiera pudiera convertir su vehículo particular en buseta y salir a transportar pasajeros porque considera que tiene derecho a trabajar en eso”, advirtió. Para Rodríguez, esa no es una actitud sensata ni responsable y no corresponde a la forma en que deben actuar los colombianos.
Rodríguez, aclaró que la mayoría de los vehículos que prestan servicios ilegales de transporte tipo Uber en la ciudad no pertenecen a conductores ibaguereños. Según sus estimaciones, cerca del 95 % tienen placas de otras ciudades como Bogotá, Cali, Sabaneta o Medellín. Explicó que, en muchos casos, se trata de uno o dos propietarios que poseen entre 10 y 20 vehículos matriculados en otros lugares y que, aunque pueden emplear a un conductor local, las ganancias se van fuera de Ibagué. Además, advirtió que esta práctica está generando la llegada de personas de otras regiones para interferir en los operativos de tránsito, incluso pagándoles para provocar desorden y confrontar a las autoridades.
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Relató que la noche anterior se presentó un caso en el aeropuerto, donde un ciudadano se subió al planchón de una grúa para impedir la inmovilización de un vehículo, incitando al conductor y a los presentes a resistirse a la autoridad. Según el secretario, existen pruebas y evidencias de que estas acciones son financiadas para entorpecer la labor de los agentes, las cuales fueron presentadas en el Consejo de Seguridad y serán entregadas a la Fiscalía.
“No se trata solo de personas que reclaman su derecho al trabajo, sino de una red organizada que busca evitar que se cumpla la ley”, afirmó.
El funcionario indicó que, de acuerdo con información del comandante de la Policía Metropolitana, el ciudadano involucrado en este hecho fue puesto a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de obstrucción a la función pública. El proceso judicial, dijo, debería iniciarse en las próximas horas, y la Administración Municipal permanecerá vigilante, pues considera que estas conductas son un ataque directo a la autoridad de tránsito. Añadió que muchas agresiones contra los agentes tienen como origen la desinformación que difunden personas ajenas a la ciudad.
Rodríguez también expresó su preocupación por declaraciones recientes de supuestos veedores de movilidad y defensores de derechos humanos, quienes, en sectores como la calle 60, han afirmado falsamente que el Ministerio de Transporte prohibió los operativos y que los retenes y las intervenciones policiales son ilegales.
Recordó que el Código Nacional de Tránsito faculta plenamente a las autoridades para instalar puestos de control y verificar documentos, así como detener a cualquier ciudadano que infrinja la norma. Para el secretario, este tipo de mensajes sin sustento legal alimenta la desinformación, genera hostilidad hacia los agentes y perjudica la seguridad vial en Ibagué.
El funcionario comparó la labor de los medios de comunicación con la de las autoridades de tránsito para ilustrar la importancia de cumplir con los requisitos legales. Explicó que, así como un medio debe constituirse formalmente, obtener permisos y habilitaciones para ejercer su actividad, el transporte de pasajeros también debe desarrollarse bajo las condiciones que establece la ley. Advirtió que no cualquier ciudadano puede difundir información o prestar un servicio sin cumplir la normativa, y que, cuando esto ocurre, la intervención de la autoridad es necesaria.
Rodríguez señaló que en ciudades como Cúcuta ya se han impuesto sanciones e intervenciones por no controlar estas prácticas, y alertó que en Ibagué no se puede llegar a ese punto. “Si no actuamos, los funcionarios podríamos responder con nuestro patrimonio y los ciudadanos, a través de sus impuestos, tendrían que pagar las multas que nos imponga la autoridad competente”, advirtió.
En audios que circulan en redes sociales se advierte que, si en Ibagué se decomisan motos por prestar servicios ilegales o por casos de piratería, llegarían motociclistas de otras ciudades, como Bogotá, para presionar a las autoridades. Según esos mensajes, también podrían sumarse conductores de mototaxi, legales e ilegales, con el fin de ejercer presión y generar caos y zozobra en la ciudad.
«Nos toca arrancar de acá unas 20, 30, 40, 50 unidades de acá a Bogotá, ir a apoyarlos, vamos a apoyarlos, listo compañeros, se los aseguro que arrancamos de acá, nosotros no copiamos desde nada, listo, entonces ahí poco a poco a poco les vamos a ir mostrando a la gente de Ibagué quiénes son los picaminosos», se escuchó en el audio que ya conocen las autoridades.
«Se trata específicamente de un grupo, labores de inteligencia indican que hay un grupo que está conformado en la ciudad de Bogotá que se llama Picaminosos, los cuales se caracterizan por generar dentro de los operativos de tránsito y transporte violencia contra los funcionarios, subirse a las grúas, bajar los vehículos a la fuerza, y tenemos conocimiento que ya fueron contactados por estas personas aquí de que estamos diciendo en Ibagué, que tienen una gran cantidad de motos, de carros, transportando ilegalmente ciudadanos para que vengan a ejercer esas labores en la ciudad de Ibagué», contó Rodríguez.
«Ellos no vienen por amor a la patria, excúsenme en el término que se les voy a decir, ellos no vienen porque tengan algún tipo de empatía por un ciudadano, ellos vienen porque les pagan, porque les financian el viaje. Hay unos audios muy comprometedores, por ejemplo, en contra de uno de los ciudadanos, el ciudadano que fue capturado el día de ayer, donde él manifiesta explícitamente a quién sale a defender cuando habla de cómo le pagan, en fin, de toda la labor que se realiza con esto. Entonces reiteramos desde la administración municipal, total respaldo a nuestros agentes de tránsito», mencionó.
Envió un mensaje a los ibaguereños: «Estamos abiertos a sentarnos, a escuchar, a buscar opciones de empleo, por ejemplo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lo mencionábamos anoche, qué otras opciones se tienen, como con la Feria del Camello, la recepción de hojas de vida de estos ciudadanos, a ver dónde se pueden ubicar de manera formal y legal, pero lo que sí podemos decir de antemano es que la legalidad, el cumplimiento de la ley no se puede negociar, no se puede conmutar, porque básicamente Ibagué es una ciudad que hace parte del Estado Social de Derecho que debe cumplir la ley».
Sobre las cifras de vehículos inmovilizados o sancionados por plataformas en la ciudad de Ibagué precisó que en lo corrido del año 2025 hay más de 270 procedimientos de transporte ilegal. «Ese reporte se debe hacer ante la Superintendencia y el no cumplir, el no hacerlo de manera adecuada, el no garantizar que se esté haciendo, pues no genera acciones disciplinarias y acciones de investigación administrativas en contra de la Secretaría. Entonces básicamente el mensaje aquí es claro, vamos a seguir desde la Secretaría de Movilidad garantizando la presencia de las autoridades en nuestras vías. Pedimos un respeto por la garantía y la vida de los funcionarios que están haciendo esta labor. Ellos son seres humanos que tienen su familia. El día de ayer era muy lamentable ver cómo llegaron unos vehículos a la Secretaría de Movilidad a golpear los portones, a corear el nombre de personas para decir que salieran para ellos hacerles daño, cuando desafortunadamente estas personas simple y llanamente están cumpliendo una labor que la ley les manda», manifestó.
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«Entonces aquí el total respaldo de esta administración a nuestros funcionarios, a los ciudadanos y vamos a seguir trabajando porque Ibagué sea esta ciudad donde podamos movilizarnos de manera segura», puntualizó.
Sobre este hecho dijo que hay videos que se pondrán a disposición de la Fiscalía, ya las denuncias correspondientes se van a llevar a cabo. «Tenemos plenamente identificados los ciudadanos que en esos chats que ustedes tienen están generando las amenazas en contra de la integridad de unos agentes de tránsito. Incluso el día de ayer le hicieron una orden de comparendo a uno de ellos y ahí están los datos completos en su comparendo y básicamente las personas están plenamente identificadas. En estos momentos los agentes de tránsito están esperando la compañía de la Dirección o la Oficina Jurídica para ir a interponer esas denuncias penales y no nos vamos a dejar intimidar y no nos vamos a dejar amenazar por el cumplimiento de la ley».
El costo de la multa por transporte ilegal dijo que «son dos consecuencias, una infracción al tránsito y otra infracción al transporte. Existe un código de infracción que se denomina D12 que es prestar un servicio no autorizado en la tarjeta de propiedad, esa multa es de 30 salarios mínimos diarios vigentes y la inmovilización del vehículo por cinco días, dice la norma, pero aunado a eso se le impone según la Superintendencia de transporte un informe a las infracciones al transporte. Ese informe es más complicado porque puede llegar a generar una sanción para el ciudadano más cuantiosa y tiene la inmovilización preventiva del vehículo por 30 días hábiles. En estos momentos, lo que se le aplica al vehículo que es sorprendido prestando transporte legal es su inmovilización por 30 días».
«La inmovilización que se está realizando en la ciudad de Ibagué, que no es diferente a la que se está realizando en las otras ciudades del país porque así no lo impuso la superintendencia a través de las directrices que le dan los organismos de tránsito. No es que Ibagué esté percibiendo el transporte ilegal, es que Colombia a través de su Superintendencia de transporte, su autoridad como es el Ministerio del Transporte, le está ordenando a los organismos de tránsito que hagan esa labor porque es que se está infringiendo la ley. Básicamente son unas consecuencias muy complejas, por eso la molestia, por eso el desespero que se tiene por parte de estas personas porque en efecto, puede llegar a estar costando 10 millones de pesos ser sorprendido en esta labor.
Explicó que existe una figura que se llama la reincidencia en el D12 o en el transporte no autorizado y esa reincidencia tiene como consecuencia la cancelación de la matrícula. «Lo de los 30 días de inmovilización y lo de la multa en el informe al transporte es por primera vez, pero ante la reincidencia la norma indica que hasta 90 días hábiles se puede inmovilizar el vehículo. Esa es la consecuencia Aquí el llamado A todos los ciudadanos Es que busquemos a que nuestras actividades estén en el marco de la ley y andar muy bien en la vida con el fin de evitar este tipo de inconvenientes», puntualizó.
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