La Procuraduría General de la Nación le notificó a José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia, la determinación adoptada en el sentido de mantenerlo alejado del cargo, en el marco de investigación que adelanta en su contra, por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones de pesos.
Ríos Morales, confirmó mediante video, la decisión de la Procuraduría de ratificar la suspensión provisional que le impuso por tres meses, el pasado 4 de junio. Y aseguró que “sigue haciendo uso de los procedimientos legales para continuar con su proceso de defensa”. Así mismo, indicó ratificó su “compromiso y respeto por los procedimientos de los entes de control” y agradeció el apoyo moral y espiritual que le han hecho llegar con voces de respaldo sus seguidores en esta zona del país.
El órgano de control investiga presuntas faltas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por $500 millones de pesos, 02 de 2020 por $350 millones de pesos, 03 de 2020 por $300 millones de pesos, y 04 de 2020 por $442.340.500.
De acuerdo con el Ministerio Público, pudo haber un abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del covid-19, lo que puede advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.
Para el órgano de control la inactividad del alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que su permanencia, advertía la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia.
El ente de control consideró que estas presuntas irregularidades permitían inferir que, aunque el alcalde advirtió que no contrataría más, si se tratasen de otros procesos y otras contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que supera los $100.000 millones y la contratación pública es una actividad permanente, que no depende de la voluntad de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y de los ciudadanos.
La Procuraduría remitió copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento y fines pertinentes.
En este proceso también se investiga a la ex directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez y al subdirector, José Javier Acero Osorio; así como al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano, y al entonces asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita.
