
En su discurso, la ministra Carolina Corcho señaló que las tasas de mortalidad materna e infantil son indicadores del desarrollo de una nación, en la que a Colombia no le fue bien, lo que refleja la desigualdad dentro del sistema. «Hay una inequidad estructural porque el sistema concentró sus ofertas en algunas áreas y dejó fuera a otras«, dijo.
Por su parte, la Representante a la Cámara Marta Lisbeth Alfonso Jurado, se refirió a los anteriores grupos de trabajo que analizaron la redacción de la Reforma a la Salud, con la participación de la sociedad organizada a través de Anthoc, los sindicatos Sindes y Sintrasalud, la Asociación Colombiana de Enfermeras (Tolima Regional), y el Colegio Médico del Tolima, entre otras organizaciones. «Esta reforma que el gobierno nacional está considerando lleva décadas en desarrollo«, dijo.
Para la congresista, la reforma representa una lucha frontal contra el capitalismo salvaje que convirtió los derechos en un negocio. «Por eso es tan polémico y cuestionado, porque pone en la agenda pública una discusión necesaria que permite a los colombianos entender que los gobiernos anteriores renunciaron al deber de ejercer liderazgo y control sobre el sistema de salud en Colombia».
Además, el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, abrió su intervención agradeciendo la presencia de la Guardia Indígena de Ibagué, antes de mencionar la falsa narrativa que intenta convertirse en verdad a través de la repetición de lo que dice alguna prensa que no es fiel a la realidad. «Hay desinformación y también insatisfacción», indicó, advirtiendo que «las críticas no pueden basarse en falsedades».
En cuanto a la importancia de la reforma, se refirió al descontento que hoy se manifiesta en el país, principalmente por la inoportunidad de acceder a diferentes servicios clínicos y médicos. Desde 2022 hasta la fecha, se han recibido una gran cantidad de PQR en Ibagué, Mariquita, Melgar y otros municipios, muy por encima del nivel nacional. «¿Dónde está la autoridad en este departamento?» Hemos documentado 7.000 denuncias en el Tolima, con un aumento del 32% en los meses de enero y febrero, en comparación con el mismo período del año pasado. «El 34,7% de estos reclamos cayeron en la categoría de solicitudes de vida», denunció.
Beltrán también afirmó que la mayoría de los trabajadores de la salud carecen de estabilidad laboral. «No es justo que un recurso humano tan valioso, como los que con razón llaman ‘héroes durante la pandemia’, hayan estado trabajando durante años bajo la modalidad de prestación de órdenes de servicio, sin poder disfrutar de los beneficios de quienes están en nómina», dijo.
En cuanto a la delegación de recursos públicos, el ministro Corcho se refirió a la administración de la salud por parte de entidades privadas. «150 burocracias, como diría mi maestro José Félix Patiño». El problema -continuó- es que su trabajo se concentró en algunas zonas del país, y el resto de la sociedad, 17 millones del campo profundo de Colombia, se quedaron sin nada. Corcho agregó que el sistema actual se basa en la rentabilidad financiera, y las salas de parto no siempre generan ganancias, ni tampoco los servicios de emergencia o prevención. Es por eso que el país terminó con 300 municipios sin este tipo de servicio, y en muchos otros lugares, ni siquiera hay atención de emergencia.