Toca seguir insistiendo en la evidente y creciente problemática que afronta Ibagué en relación a la deficiente prestación de los servicios públicos y, aquí, no solamente es en relación al servicio de agua potable, también son reiteradas las quejas frente al servicio de energía eléctrica y, por supuesto, no se salvan los prestadores del servicio de internet –en este último, sobre todo de acceso y cobertura-, además de estas dificultades, para aquellos subsisten reclamos de toda índole, de prestación oportuna, eficiente, de cobro, de calidad, que por supuesto, tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo económico y social del municipio.
No es por nada que, el común denominador, sean los servicios públicos como el principal problema a resolver en la ciudad, ¡cierto!, pero no el único, pues hay una conjunto de factores que inciden en esta problemática, que los hemos mencionado con anterioridad, como la corrupción y la indebida planeación; algunos que se resuelven en el ámbito nacional y otros en lo local.
Por ejemplo, la discusión que debe elevarse a nivel nacional, es el de las tarifas del servicio público de energía eléctrica –otro es el camino para el alumbrado público-; por eso hay que estar alertas cuando le propongan a los ibaguereños, en la próxima campaña local –como promesa a (in)cumplir- la reducción de esta tarifa y no “tragar entero”, porque esa, es tarea y función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, que quede claro de una vez y, la revisión de la tarifa, de la que tantas quejas hay -no solo en Ibagué sino en varias ciudades de Colombia- sí puede lograrse, pero con un trabajo articulado con el Congreso de la República, la empresa prestadora y la CREG, con una vigilancia y control efectiva por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por supuesto que el municipio puede y debe participar en la solución –no define la tarifa-, pero puede contar con información referente al cobro, calidad, acceso y cobertura, también con la revisión y “status” del municipio –sector urbano y rural- en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de la nación, para conocer el monto de los subsidios a quienes tienen derecho y los excedentes –si los hay- cómo se están destinando.
Ibagué necesita resolver el problema del agua para toda la ciudad y por lo menos, proyectada a 100 años y esto requiere, por un lado salvaguardar al IBAL de cualquier injerencia política, debe ser completamente técnica y responder a esos parámetros, por otro lado, ponerla al día de sus deudas y obligaciones para reinvertir en el sector y la garantía del servicio, pero con todo esto, requiere, para hacer operativo cualquier plan a corto, mediano y largo plazo, articularlo con el nuevo POT local, esta herramienta de planificación territorial no se puede desaprovechar ni por negligencia, desconocimiento o intereses particulares. Por cierto, ¿qué respuesta técnica ha dado la Alcaldía Municipal frente al fallo del Tribunal Administrativo del Tolima que declaró la nulidad parcial del POT? El fallo fue hace más de un mes y esos vacíos y omisiones perjudican el desarrollo local.
Un dato final, según la última encuesta del 28 de julio, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –ENTIC Hogares- del DANE, el departamento del Tolima para el año 2021 tuvo una proporción de hogares con conexión a internet del 56,6% y la media nacional se ubicó en el 61,6%.