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Sin efecto la ley de decomiso de la dosis mínima

El Consejo de Estado, reversó el decreto emitido hace dos años por el Presidente de la República, Iván Duque, en el que establecía que la Policía Nacional podía incautar la dosis y multar a quienes consumieran en espacio público.

Tras el fallo, el alto tribunal aclaró que la Policía únicamente puede decomisar la dosis mínima si es utilizada para fines distintos al consumo de quien la carga, si se puede comprobar que es para su comercialización o atenta contra terceros.

La decisión obedece a una demanda en la que se pretendía la nulidad de este acto administrativo. En ella se alegaba que esta disposición transgredía los derechos de los consumidores en tanto le imponía a la Policía actuaciones para las cuales no estaba capacitada.

Para los accionantes, además, el acto demandado coartaba la libertad del consumidor sobre el porte y tenencia de estas sustancias, en perjuicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. También se alegaba la falta de competencia del Gobierno para emitir la medida, por considerarse que el asunto solo podía ser desarrollado a través de la ley, entre otras supuestas violaciones al ordenamiento jurídico.

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El Consejo de Estado negó esas pretensiones. Sostuvo que las drogas ilícitas requieren de la acción pedagógica y correctiva de la Policía Nacional, en interlocución con otros estamentos encargados de adoptar acciones terapéuticas, preventivas, educativas y profilácticas. Además, advirtió que los señalamientos sobre falta de capacidad o probables abusos por parte de la fuerza pública son juicios de valor ajenos al análisis sobre la legalidad del acto demandado.

Para la alta corte, el decreto no desconoce las obligaciones del Estado en materia de salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas que han sido fijadas por la jurisprudencia constitucional, en la medida en que el acto administrativo no tiene un carácter sancionatorio, sino que busca disuadir, prevenir y educar.

La sentencia señala que, si bien no se puede penalizar el consumo de drogas, el legislador puede imponer límites modales a los comportamientos que surgen de ese ejercicio a través del derecho policivo, tal como lo consideró la Corte Constitucional.

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