El Consejo de Estado tomó una decisión que impacta de forma directa a trabajadores, empleadores y al Gobierno Nacional: suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026. La medida cautelar, adoptada por un magistrado ponente mientras se estudia la demanda sobre la legalidad del acto administrativo, ordena al Ejecutivo expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.
Suspensión temporal del incremento salarial
La decisión judicial tiene como efecto que el incremento del salario mínimo, anunciado por el Gobierno el pasado 29 de enero de 2026, quede en pausa hasta tanto el Ejecutivo emita un nuevo decreto que cumpla con los criterios técnicos exigidos por la ley.
El aumento había sido fijado en 23,78 %, ubicando el salario mínimo en $1.746.882 pesos, a lo que se sumaban cerca de $250.000 de subsidio de transporte, lo que daba un ingreso total de alrededor de $2 millones de pesos.
No obstante, con la medida cautelar, estos efectos jurídicos quedan temporalmente congelados mientras se resuelve de fondo la demanda que cuestiona la validez del acto administrativo emanado por la Presidencia.
Gobierno tiene ocho días para expedir nuevo decreto
Según lo revelado por la fuente periodística, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto transitorio que respete los parámetros técnicos establecidos por la normativa vigente.
Entre los factores que deberán ser considerados en esta nueva regulación se encuentran variables económicas relevantes como la inflación, la productividad y el comportamiento real del mercado laboral. Estos criterios son esenciales en el proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado, estipulado por la legislación laboral colombiana para fijar el salario mínimo de manera legal y constitucional.
La decisión del alto tribunal subraya la necesidad de que el incremento salarial no se base únicamente en decisiones de carácter político, sino en criterios objetivos que puedan ser sustentados técnica y jurídicamente.
Concertación y criterios técnicos, eje de la decisión
El elemento central de la decisión es la exigencia de que el aumento del salario mínimo surja de un proceso de concertación y de la aplicación estricta de los indicadores técnicos que exige la ley.
De acuerdo con la normativa vigente, factores como la inflación, la productividad del país y la capacidad del sector empresarial para absorber los incrementos son componentes esenciales que deben integrarse en la fórmula para fijar el salario mínimo.
Mientras se emite el nuevo decreto transitorio, el proceso seguirá su curso en el alto tribunal administrativo, que posteriormente decidirá de fondo sobre la legalidad del incremento.
Reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti
Tras conocerse la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en vivo, aunque afirmó no haber sido notificado formalmente al momento de su intervención.
“No, señor, yo estaba esperando turno para hablar aquí en Blu cuando me enteraron de la situación… el Gobierno desde hace dos días la estaba esperando”, explicó el funcionario.
Benedetti calificó la situación como una decisión que, a su juicio, va en contra de lo que define la Constitución en términos de salario vital.
“Eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que hay que buscar es un salario vital más que un salario mínimo”, afirmó.
Además, defendió que el incremento del 23,78 % se sustentó en el concepto de salario vital, calculado con base en el costo de la canasta familiar y en estándares internacionales.
Sin embargo, también advirtió que la decisión judicial podría generar complicaciones prácticas, dado que muchas personas ya han recibido pagos con el salario mínimo ajustado.
“Hay personas que ya han recibido su sueldo y es un derecho adquirido. Yo no entiendo cómo un derecho adquirido se puede echar para atrás”, añadió.
Consecuencias prácticas y efectos en la economía
El ministro también se refirió a los posibles efectos prácticos de tener un salario mínimo en pausa, señalando las complejidades que puede generar un salario provisional.
“Es algo bastante surrealista… imaginar un salario mínimo provisional trae problemas inimaginables”, dijo.
El salario mínimo sirve de referencia para múltiples escalas salariales, pagos y prestaciones laborales, por lo que su suspensión temporal podría tener repercusiones en cadena mientras se define el fallo de fondo.
Impacto político: advertencias del Gobierno
En un pronunciamiento a través de su cuenta en X (antes Twitter), Benedetti advirtió que la decisión del Consejo de Estado “va a tener muchas consecuencias políticas”, incluso en el contexto de la actual campaña presidencial.
La respuesta oficial del Gobierno pone de manifiesto que el tema no sólo tiene implicaciones económicas y jurídicas, sino también políticas de cara a las próximas elecciones.
