Lo ocurrido en los últimos días en Ibagué, frente a la, primero, indebida intervención de los árboles samanes y los andenes donde se encontraban y, segundo, el arboricidio cometido por la administración municipal “avalado” por la Corporación Autónoma Regional del Tolima –Cortolima-, nos pueden dejar varias conclusiones, la primera de ellas, es lo peligroso que puede resultar para la vida –en todas sus formas de manifestación-, la negligencia, imprudencia e impericia de quienes dirigen las instituciones públicas.
La segunda es para el ambiente, reinó la falta de sensatez en una entidad encargada de velar por el patrimonio ambiental del departamento, en la que su lema, hoy por hoy, es “¡Siembra Tu Futuro!”, al comienzo creí que era una contrariedad, ¡pero no!, con lo ocurrido en el parque Centenario, nos estaban era advirtiendo que iban a “talar el pasado”. Pero con todo ello, lo más paradójico del asunto, por decir lo menos, es que hace tan solo unos meses, en el 2021, se celebró en Glasgow la COP 26, en la que se buscaba, como uno de los principales objetivos, limitar el calentamiento global, para lo cual es fundamental poner fin a la deforestación e “impulsar soluciones basadas en la naturaleza”, a eso se comprometieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conferencia en la cual participó el Gobierno Nacional y asumió estos compromisos –no estaría de más que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pronunciara frente al daño ocasionado a los ibaguereños-.
A Ibagué le ocasionaron un daño, eso es claro y a la ciudad la deben compensar, aparte de la siembra de árboles, que es una acción que debería ser permanente y no solo como una reacción a la tala injustificada de estos samanes, también es necesario fijar una política pública ambiental para la ciudad de Ibagué, con el concurso de todos en la elaboración y discusión, se debe poner sobre la mesa cuál es la visión de ciudad que tienen el alcalde y el gobernador (sin lugar a dudas hay que preguntarle a la directora de Cortolima), pues la ciudadanía debe conocer la cantidad de acciones que van a desarrollar en la promoción, protección y conservación del ambiente en el departamento, pero sobretodo, debemos conocer si en las intervenciones a la infraestructura territorial está presente un componente de sostenibilidad ambiental. Hay que tomar decisiones a la luz del día, publicar y publicitar todos los documentos que respalden las decisiones, porque lo que ha girado alrededor de los samanes del Centenario ha sido “oscuro”.
Ahora bien, las responsabilidades judiciales se tienen que dar, frente a la muerte de Andrés Felipe Góngora, el contratista deberá responder por un posible homicidio culposo –también unas posibles lesiones culposas en relación a la esposa-, pero además, junto a Cortolima y el municipio, deberán reparar a las víctimas tanto por las acciones ejecutadas, como por las omisiones presentadas. Habría que ver si, estas acciones, no se hicieron con el fin de alterar algún tipo de evidencia necesaria para determinar responsabilidades en la muerte de este ciudadano, o si se ocasionó un impacto ambiental grave a nuestro territorio, serán las autoridades las encargadas de dar la claridad que la ciudadanía reclama.
Por último, que horror, como, según lo registrado por algunos medios de comunicación, al parecer se “repartían” por rodajas los samanes, triste final para estos árboles centenarios y triste evidencia del irrespeto a los bienes públicos de la ciudad.
