
Esta determinación se da luego de un reciente incidente en el cual tanto el conductor como los pasajeros fueron víctimas de disparos por parte de sujetos armados que exigían el pago de una «vacuna».
El preocupante suceso tuvo lugar en el sector conocido como ‘El Real’, ubicado en la vía que conecta Playarrica con el municipio de Rovira. Según informes, grupos armados han estado extorsionando a la empresa Velotax exigiendo el pago de una suma de dinero como protección. Estos actos han generado temor e inseguridad entre los conductores, quienes han manifestado que sus vidas corren peligro al cubrir estas rutas.
La decisión de suspender temporalmente las rutas hacia Rovira, Valle de San Juan y Roncesvalles responde a la necesidad de proteger la integridad de los conductores y pasajeros de Velotax. El gremio del transporte ha expresado su preocupación y descontento por la falta de presencia y patrullaje por parte del Ejército y la Policía en estas zonas, lo cual deja a los transportadores desamparados frente a las amenazas de estos grupos armados.
Aún no se ha logrado determinar si los responsables de estos actos delictivos pertenecen a disidencias de grupos guerrilleros o si se trata de delincuencia común. Lo cierto es que exigen el pago de una suma de $500.000 por vehículo para garantizar la seguridad de los conductores.
Ante esta situación, las autoridades competentes han sido notificadas y se espera que tomen medidas urgentes para restablecer la seguridad en la zona y brindar protección a los transportadores y ciudadanos en general. Mientras tanto, los conductores de Velotax y la comunidad en general viven con incertidumbre y preocupación por la falta de garantías y el riesgo constante al que se enfrentan.
La suspensión temporal de estas rutas representa un golpe para la movilidad y el comercio en los municipios afectados. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y trabajen en conjunto con las empresas de transporte para restablecer la confianza y garantizar la seguridad en las vías de la región.
La comunidad en general hace un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y se brinde protección adecuada a los transportadores y ciudadanos afectados por estos actos violentos. La seguridad y el bienestar de la población deben ser una prioridad indiscutible en el Tolima y en todo el país.