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Vicepresidenta Francia Márquez: ‘Jóvenes en Paz’ No Es Incentivo para Sicarios

Márquez enfatizó que el programa busca brindar oportunidades a jóvenes en entornos de violencia, obligándolos a estudiar y cumplir labores sociales como parte de su participación.

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, compareció ante la Comisión Séptima del Senado para presentar el balance y la proyección presupuestal de la recientemente creada cartera. Durante su intervención, Márquez explicó que para el año 2023 se asignaron 500.000 millones de pesos, de los cuales 30.000 millones se destinaron al funcionamiento y estructuración del ministerio, mientras que 470.000 millones se dirigirán a la ejecución de dos programas.

Uno de los programas en cuestión es “Jóvenes en Paz”, que tiene como objetivo brindar beneficios económicos a jóvenes que se encuentran en entornos de violencia durante 18 meses. Estos beneficios les permitirían enfocarse en procesos educativos y laborales, alejándolos de la violencia y brindándoles oportunidades de desarrollo.

Frente a críticas que plantean que este programa podría ser un incentivo para sicarios y criminales, Márquez respondió con firmeza: “Se que la oposición ha planteado que lo que queremos hacer es pagar a criminales. Hay un mandato constitucional y es proteger a la juventud colombiana, así como garantizar los derechos de todos los colombianos y colombianas. Lo que queremos es sacar a estos jóvenes que están en el círculo de la violencia y generar las oportunidades”.

La vicepresidenta subrayó que los jóvenes que participen en el programa tienen la obligación de estudiar, bajo las condiciones proporcionadas por el Estado, y cumplir con tareas de servicio social. También aclaró que aquellos jóvenes con órdenes de captura no podrán participar en el programa.

Márquez resaltó que la mayoría de los beneficiarios son jóvenes de grupos vulnerables, como hijos de madres solteras, personas negras, indígenas y campesinos empobrecidos. Enfatizó que el programa no debería ser visto como un incentivo a la delincuencia, sino como una responsabilidad constitucional del Estado para brindar oportunidades y mejorar la situación de la juventud en Colombia. Concluyó afirmando: “Esto no es un incentivo a sicarios”.

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