Por cortes de energía en colegios de Ibagué: Celsia en la mira de la Superintendencia

 La crisis educativa en Ibagué escaló a un nuevo nivel tras los recientes cortes de energía en instituciones educativas públicas, decisión tomada por la empresa Celsia en medio de deudas acumuladas que superan los 3 mil millones de pesos. La medida no solo encendió la polémica, sino que llevó a la representante a la Cámara Martha Alfonso a presentar una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios Públicos, señalando una clara violación de derechos por cortes de energía en Ibagué que afecta a miles de estudiantes.

Lo que está en juego no es simplemente un tema de facturación o deudas históricas, sino el derecho fundamental a la educación, consagrado en la Constitución y con especial protección hacia niños, niñas y adolescentes.

Denuncia ante la Superintendencia por cortes de energía

Según la congresista, el panorama es preocupante: primero se quedó sin servicio el Liceo Nacional, y días después el Colegio Diego Fallas. Estas suspensiones, ejecutadas de manera unilateral por Celsia, pusieron en evidencia la falta de planeación de la Alcaldía de Ibagué y su Secretaría de Educación para garantizar el pago oportuno de los servicios públicos.

La representante Martha Alfonso fue enfática al señalar que, si bien la administración local debe responder por las deudas, Celsia no puede cortar la energía a instituciones educativas, pues se trata de espacios donde se protege y garantiza un derecho fundamental. “Estamos frente a una situación que no puede repetirse: se están vulnerando derechos y se está castigando a los más indefensos, nuestros niños y jóvenes”, advirtió.

Por esta razón, la denuncia busca que la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos intervenga de inmediato, vigile las actuaciones de la empresa y frene lo que Alfonso calificó como una extralimitación de competencias.

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Violación de derechos por cortes de energía en colegios de Ibagué

El argumento central de la denuncia se basa en que los estudiantes son sujetos de especial protección constitucional. Cortar el suministro eléctrico en un colegio no es un simple trámite administrativo, sino una acción que interrumpe procesos educativos, afecta la seguridad de la comunidad escolar y pone en riesgo la formación integral de miles de jóvenes.

Además, la decisión de Celsia resulta aún más grave al existir un contrato empresarial global que garantiza que el municipio debe responder por la deuda. Es decir, aun cuando existan retrasos en los desembolsos, la empresa no está legitimada para castigar a los estudiantes con cortes de energía.

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Alcaldía de Ibagué en la mira por la deuda con Celsia

La otra cara de la moneda apunta directamente a la administración municipal. La deuda, que supera los 3.100 millones de pesos, proviene de consumos históricos, transformadores sin pagar y deficiencias en la planeación presupuestal de anteriores gobiernos. Aunque el actual secretario de Educación asegura que se han hecho abonos millonarios para mitigar la crisis, la realidad es que los cortes de energía ya se ejecutaron y dejaron al descubierto la precariedad de la gestión financiera.

La representante Alfonso dejó claro que, aunque la alcaldía debe rendir cuentas por el incumplimiento, eso no exime de responsabilidad a Celsia por la forma en que actuó: “Lo grave aquí es que se le cortó la energía a instituciones educativas, violando derechos fundamentales. Ni la deuda ni los retrasos justifican esta acción”.

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Llamado a protección y vigilancia estatal

La congresista anunció que además de la denuncia ante la Superintendencia, el caso será remitido al Ministerio de Educación, con el fin de que se tomen medidas adicionales de protección y acompañamiento. También reiteró su compromiso de hacer seguimiento no solo a la calidad educativa en la ciudad, sino al respeto de los derechos fundamentales en cada institución.

“Esto no puede quedar impune. La educación en Ibagué ya enfrenta enormes problemas de infraestructura y calidad, y ahora se suma una amenaza directa al derecho de nuestros niños y jóvenes. Aquí no solo debe responder la alcaldía, también debe responder Celsia ante la justicia y la vigilancia estatal”, puntualizó Alfonso.

El caso de los cortes de energía en Ibagué trasciende un conflicto entre una empresa de servicios públicos y la administración municipal. Se trata de un asunto de derechos humanos, donde los más vulnerables —niños, niñas y adolescentes— fueron los principales afectados. La denuncia ante la Superintendencia busca frenar lo que se considera una clara violación de derechos por cortes de energía en Ibagué, un precedente que no puede repetirse en ninguna ciudad del país.