¿Y de la lista de los 200 muertos qué?

Como siempre en el país del Sagrado Corazón nos quedamos en lo más fácil, rimbombante y no en la esencia e importante de los asuntos. Toda una polémica artificial se ha generado alrededor del supuesto choque de poderes entre el presidente Gustavo Petro y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, frente a si el primero como Jefe de Estado es o no superior jerárquico del segundo. 

Más allá de que ya se tiene claro que no lo es, que la Constitución no se le permite por la separación de las ramas del poder y que no podemos permitirnos los colombianos experimentos políticos sociales de tener personajes que se crean reyes, amos absolutos o quieran imponer su visión exclusiva de las cosas, de no aceptar críticas, reparos, oposiciones o indagaciones sobre sus actuaciones y que nos puedan llevar a la ruina económica-social como en Venezuela, Nicaragua, Argentina, Cuba (excepto a la Vicepresidenta Francia que lo ve todo ´nice´ allá) u otros países por todos conocidos.  Claro, en gracia de discusión, recordemos que ese mismo tufillo del “estado soy yo”, de emperadorcito, también se lo vimos al ex presidente Álvaro Uribe Vélez en su momento. 

Dicho lo anterior, lo que también sorprende es la rapidez con que magistrados de las altas cortes salieron a respaldar al Fiscal, que en defensa de la democracia y la autonomía de la justicia, lo cual en primera medida no está nada mal; pero también sabemos que todo podría corresponder a su propio interés de defender el “roscograma de la justicia” y el intercambio de favores con nombramientos de familiares, novias, novios y compadres en dicha institución y en otras que hacen parte de la rama judicial autónoma.

En fin, pasado el capítulo epistemológico de discusión sobre lo constitucional, como dirían los estudiosos del derecho, debemos concentrarnos en lo importante y lo que originó dicho roce mediático y que pareciera orquestado para ser inflado por punta y punta como un distractor. Es hora de dejar la tontería de quién manda a quién o qué facultades tiene uno sobre el otro y concentrarnos en lo que realmente merece la pena, lo importante y lo grave: El Fiscal General de la Nación conocía sí o no la existencia de un listado en poder del asesinado -en extrañas circunstancias- Ñeñe Hernández, que tenía el nombre de 200 personas que iban a hacer asesinadas por el Clan del Golfo y sus socios.

Necesitamos saber si esas personas fueron asesinadas o no ¿cómo, cuándo, dónde, por qué razón? Si algún funcionario de esa entidad o de otra supo y no hizo nada para evitarlo o para investigarlo; se requiere saber si alguno quedó inmerso en delitos de homicidio y violó su obligación de investigar y evitar esos crímenes y no haber sido garantes de la vida de esas personas. Así de sencillo. 

Saber sí el Fiscal –o subalternos- va a responder si eso es cierto o no ¿Si conoció la lista? ¿Si sabía de su existencia? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué no hizo o sí hizo algo? Estamos hablando de vidas, esa es la importancia de toda la discusión, más allá de los institucionalismos-formales; el tema aquí es de la relación mafias, políticos, poderes, traquetos y el Clan del Golfo. Ese sí es un eje transcendental para esta disertación pública. 

Por eso, en esta segunda semana que hoy inicia de ese debate en el ecosistema digital, lo que uno esperaría es ver a figuras políticas y pública de la Nación haciendo esas preguntas y exigiendo claridad puntual al Fiscal, al Congreso llamándolo para conocer detalles y a nuestros representantes en esa misma tónica, a los magistrados de las altas cortes expidiendo comunicados sobre el particular y saliendo a exigir explicaciones del hecho, a los medios de comunicación investigando con rigor y a las veedurías de la justicia indagando. 

No podemos darnos el lujo de seguir buscando el calor entre las sábanas en temas tan delicados como esos, que sí pueden dar al traste de adentro hacia afuera a nuestra gelatinosa democracia y sus carcomidas y anacrónicas instituciones estatales. No es más. Solo unas preguntas sencillas.