Según la Fiscalía, la medida se busca por presunta compra de votos y falsedad ideológica durante la entrega de ayudas en la ola invernal 2015-16, en su época como mandatario de esta municipalidad.
El panorama político en el oriente del Tolima se agita nuevamente. La Fiscalía 34 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública presentó ante el juzgado primero promiscuo, la solicitud de medida de aseguramiento intramural contra el actual alcalde de Cunday, William Escobar López, quien ya había ejercido en dos periodos anteriores (2004-2007 y 2012-2015).
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En la audiencia virtual de formulación de imputación realizada el 12 de noviembre de 2025, también fue imputado el extesorero municipal, Humberto Rodríguez —conocido como “El Pollo”—. A ambos se les atribuyen, entre otros delitos, constreñimiento al elector y falsedad ideológica en documento público, por hechos que la Fiscalía señala como compra de votos durante los comicios locales.
Pero la investigación no se centra sólo en el periodo electoral inmediato. Según fuentes del ente acusador, los hechos ocurrieron entre agosto y octubre de 2015, cuando en medio de una declaratoria de «urgencia manifiesta» por la ola invernal, el municipio realizó la entrega de ayudas a damnificados con el propósito, según la Fiscalía, de influir políticamente en los beneficiarios: “…entregó ayudas a los damnificados pero con el propósito de que ellos votaran por el candidato que estaba en ese momento sonando para las elecciones próximas; entonces es corrupción al sufragante y falsedad ideológica en documento público.” Señala una fuente que está cerca al proceso.
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Urgencia manifiesta utilizada como instrumento electoral
La figura de “urgencia manifiesta” permite a las administraciones locales actuar con procedimientos especiales en escenarios de desastre. Sin embargo, la Fiscalía advierte que en este caso dicha declaración habría sido aprovechada para realizar entregas de ayudas con fines distintos a los de emergencia, situándolas en el contexto de un presunto fraude electoral.
“El ente acusador señaló que cuenta con elementos materiales relacionados con presuntas presiones y entregas dirigidas a influir en el voto de algunos ciudadanos”.
De acuerdo con el documento consultado, estas ayudas dieron prioridad a personas en condición de damnificadas, pero al mismo tiempo se vinculó su acceso a la obligación, explícita o implícita, de apoyar la candidatura de un aspirante local. Tal conducta encaja en el delito de compra de votos («corrupción al sufragante») y en el delito de falsedad ideológica, al aparentar un acto de carácter social que tenía fines electoralistas.
Impacto político y repercusiones locales
La solicitud de medida de aseguramiento implica que la Fiscalía estima que existen suficientes elementos para considerar que el actual alcalde Escobar López debe ser privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Esto genera un sacudón en la estructura política del municipio de Cunday, y abre interrogantes sobre intercambios entre ayuda social, gestión pública y política electoral.
La investigación también menciona la posibilidad de vincular a más personas en el municipio.
En entrevista para este medio digital, los protagonistas no ofrecieron declaraciones directas al cierre de esta edición. La defensa del alcalde podría argumentar que se trató de una entrega legítima de ayudas en el marco de una emergencia, pero la Fiscalía mostrará evidencia de que la entrega estaba condicionada políticamente.
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Contexto electoral y reformas necesarias
Expertos en derecho electoral consideran que casos como este subrayan la vulnerabilidad de los procesos democráticos en los municipios, especialmente cuando se mezclan emergencias sociales y proximidad a elecciones. La corrupción al sufragante y la falsedad ideológica son delitos que socavan la credibilidad del sistema electoral y la equidad de la competencia política.
Según la Fiscalía, “la decisión del juez primero promiscuo municipal de Cunday, sobre la medida de aseguramiento será definida en las siguientes etapas del trámite judicial”. El cual quedó establecido para el próximo 19 de noviembre.
Este asunto se convierte también en un llamado a fortalecer los mecanismos de control público, la transparencia en la entrega de ayudas de emergencia y la supervisión de la administración local durante periodos electorales. En especial para los comicios de Congreso a realizarse en el mes de marzo y la elección presidencial, en el mes de mayo del 2026
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De acuerdo a fuentes consultadas dentro del proceso la solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Cunday William Escobar López eleva la voz de alerta sobre la convergencia peligrosa entre gestión pública, emergencia social y política electoral.
La investigación de la Fiscalía por presunta compra de votos y falsedad ideológica en medio de ayudas a damnificados abre un debate urgente en Colombia: ¿qué tan separadas están la ayuda social y la política electoral?
Este caso marcará un precedente en el país y servirá como termómetro sobre la fortaleza de los mecanismos de control electoral en los municipios. La justicia avanza, y los ojos de la ciudadanía estarán atentos.
