El Tribunal Superior de Ibagué revocó el fallo absolutorio emitido en primera instancia y condenó al actual secretario General de la Gobernación del Tolima, Carlos Andrés Portela Calderón, por el delito de peculado por uso, al determinar que utilizó una camioneta oficial de la Alcaldía de Ibagué para fines personales cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno municipal.
La decisión judicial impuso una pena de 16 meses de prisión, así como la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo. Además, el Tribunal negó la posibilidad de acceder a beneficios como subrogados o sustitutos penales, por lo que una vez la sentencia quede en firme deberá hacerse efectiva la condena.
Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 14 de marzo de 2021, cuando Portela fue captado utilizando un vehículo oficial del Municipio mientras realizaba un recorrido en bicicleta por la ciudad. Aunque en julio de 2025 había sido absuelto por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que las pruebas no habían sido valoradas en su totalidad.
Durante el proceso, los magistrados analizaron los testimonios de funcionarios de la Alcaldía y de la Dirección de Recursos Físicos, quienes explicaron que el uso de los vehículos oficiales debe estar debidamente soportado mediante órdenes de servicio, registros administrativos y documentación que justifique cada desplazamiento. Sin embargo, en este caso no se encontró evidencia que demostrara que el recorrido realizado por Portela obedeciera a una actividad oficial.
La sentencia señala que no existían registros de salida del vehículo, programación institucional ni coordinación con otras entidades que respaldaran la utilización de la camioneta. Asimismo, se estableció que el automotor fue conducido por otro funcionario que no era el conductor asignado ni contaba con autorización formal para hacerlo.
La defensa del hoy secretario General argumentó que el recorrido hacía parte de una estrategia denominada «Rutas Seguras», cuyo propósito era verificar las condiciones para los ciclistas en la ciudad. No obstante, el Tribunal concluyó que dicha versión no fue sustentada con documentos o pruebas objetivas que permitieran acreditar la existencia de una actividad institucional el día de los hechos.
Una vez la sentencia quede ejecutoriada y se resuelva una eventual impugnación especial, las autoridades judiciales deberán expedir la correspondiente orden de captura para que Carlos Portela cumpla la pena impuesta por el Tribunal Superior de Ibagué.
