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Contraloría busca recuperar $1.919 millones, perdidos en las piscinas Olímpicas

Dentro de los cargos fiscales están vinculados el exalcalde Luis H Rodríguez, el Consorcio Unidad Deportiva 2015 y Fonade.

En las últimas horas la Contraloría General de la Nación, imputo nuevos cargos de responsabilidad fiscal en contra de los vinculados en el proceso de los escenarios deportivos de la calle 42, tras la pérdida de $1.919 millones de pesos, invertidos en el coliseo menor y las piscinas olímpicas, durante la ejecución del contrato para la renovación de las locaciones, entregada al consorcio Unidad Deportiva 2015, cuyo representante legal fue Jorge Alexander Pérez, conocido como “El chatarrero.”

En la cabeza de la lista se encuentra el exalcalde de Ibagué, Luis H Rodríguez, quien es señalado por parte de la entidad, de haber descuidado sus obligaciones en la supervisión y ejecución del contrato, así como del incumplimiento y negligencia a la supervisión del convenio realizado entre los gobiernos Local y Nacional, y la protección de los recursos entregados por el estado.

A este, lo sigue el ex director de Fonade, Alfredo Ramón Bula, entidad responsable de hacerle seguimiento al convenio que se había firmado entre el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, IMDRI y Coldeportes.

Según lo señala la Contraloría, el director de Fonade no efectuó ningún tipo de acción ante los reiterados incumplimientos del contratista, de manera que se disminuyera el impacto en la perdida de los recursos y el patrimonio estatal.

La entidad gubernamental, solo se dedicó a tramitar solicitudes administrativas como: el certificado de cumplimiento por parte del IMDRI y el pago de parafiscales.

En cuanto a los miembros del consorcio Unidad Deportiva 2015, la multinacional española Construcciones Ortiz, Triventi Ingeniería y Diseños de Ingeniería Especializada, hubiesen sido exonerados del proceso de responsabilidad fiscal sí, pudieran demostrado buena fe, al ejecutar las obras, y, en el manejo correcto del anticipo que se les había entregado por parte de la Alcaldía y el Gobierno Nacional.

A este proceso también fue vinculada Sandra Yolima Rodríguez Guzmán, supervisora del contrato 074. La profesional tenía pleno conocimiento de las irregularidades e incumplimientos en la ejecución de las obras y no reportó ni hizo efectivo ningún tipo de acción para impedir la pérdida de los recursos, según expone la Contraloría.

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