Entre febrero y abril del año en curso fueron asesinadas ocho mujeres transgénero en Colombia, una de ellas en el municipio de Flandes, Tolima, recordó la Defensoría del Pueblo en un llamado que hace al Ministerio del Interior y la Dirección LGBTIQ+, adscrita al Ministerio de la Igualdad, para cumplirles a las personas con orientación sexual e identidad género diversa, OSIGD-LGBTI «en la actualización de la política pública LGBTI, garantizándoles su participación en la construcción del plan de acción, sin vigencia desde el 2022”.
Thaliana Fajardo fue asesinada el pasado 25 de marzo, en el barrio La Ceiba de Flandes, por hombres en moto, que la interceptaron y le dispararon varias veces.
A la lista se unen Valentina Barrera Delgado en Nariño, Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave, Macarena Acuña y Sharon Muñoz Zúñiga, ultimadas en el Valle del Cauca; Luciana Román y Verónica Dantez, en Bogotá.
“Desde la Defensoría repudiamos los homicidios, amenazas y violencia por prejuicio exacerbada en contra de esa población, que también goza de los mismos derechos que cualquier grupo poblacional o persona residente en el territorio nacional”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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En el 2023 hubo 119 casos de prejuicio
Durante el 2023 la entidad, con las y los funcionarios de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, acompañó 119 casos de violencia por prejuicio contra mujeres transgénero, de los cuales 47 estuvieron relacionados con barreras en el acceso a la salud y 48 hechos fueron de hostigamiento y violencia institucional por uniformados de la Policía Nacional.
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Sobre la Mesa Nacional de Casos Urgentes
Así mismo, Camargo Assis le solicita al Gobierno activar de manera inmediata las mesas técnicas y darle celeridad a la reglamentación de la Mesa Nacional de Casos Urgentes y al Sistema Nacional de Participación LGBTIQ+.
La entidad, justamente en la primera Mesa Nacional de Casos Urgentes le hizo un llamado al Ministerio del Interior para que revisara las dinámicas de trabajo de la misma Mesa, la cual no sesionaba desde hace más de cinco meses.
“Instamos a las entidades competentes a hacerle seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas territoriales, con énfasis en acciones efectivas para la protección de las personas OSIGD-LGBTI, en el Valle del Cauca, que está sin plan de acción desde el 2016, en Norte de Santander, Quindío, en San José del Guaviare, entre otros departamentos y ciudades, donde se cuenta con política pública, pero no se implementa por ausencia de recursos”, enfatiza Carlos Camargo Assis.
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