Una nueva denuncia se interpone por parte del Relleno Sanitario de Doña Juana, en contra de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Luz Amanda Camacho Sánchez.
Según el operador, la funcionaria estaría incurriendo en varios delitos penales contra la administración pública y delitos ambientales en el relleno.
Debido a las afectaciones que se venían presentando por la acumulación de residuos que no se les permitía procesar, la comunidad se vio afectada por los insectos y roedores, situación por la cual el operador decidió poner en marcha el tratamiento de los escombros.
En la justificación de la denuncia penal interpuesta por el CRS, el pasado 8 de mayo la UAESP, intentó tomar posesión a la fuerza del predio donde se encuentran los escombros mixtos, situación que no fue permitida por los empleados de seguridad pertenecientes al consorcio.
Allí, “personas indeterminadas junto con el subdirector y la directora de la UAESP, trataron de ingresar, sin ninguna autorización de los legítimos tenedores, al predio identificado en el punto anterior, por vías de hecho”, reza la denuncia.
Según se relata, “el Subdirector de Disposición Final de la UAESP quien se encontraba dentro del predio del relleno, dio la orden a funcionarios suyos y de CGR de intervenir el patio denominado de “mixtos” con una máquina amarilla de propiedad del concesionario Biogás”.
Situación que se sale de la jurisdicción del funcionario público, al ser un predio y maquinaria manejada por una entidad de carácter privado. Ante la negativa, el funcionario trató de hacer su voluntad con palabras de grueso calibre y solicitando la presencia de las directivas de la UAESP y uniformados de la Policía Nacional para tomar posesión del predio.
Al parecer este ingreso se dio de manera irregular, pues no existía una autorización escrita o una orden judicial que autorizara la posesión del predio, para impedir el ingreso de las personas ajenas a la operación del relleno; el consorcio atravesó varios vehículos para impedir las vías de hecho.
Debido al impedimento del manejo de los residuos acumulados desde el pasado 10 de junio, miembros de la comunidad de Mochuelo Alto, vienen presentando protestas en contra del Consorcio, debido a la proliferación de insectos y roedores que están afectando la salud de los habitantes que colindan con el patio de residuos mixtos, acumulados desde el pasado mes de marzo, debido a la restricción impuesta por la directora Sánchez Camacho.
Según los demandantes la directora Luz Amanda Sánchez Camacho, podría estar incurriendo en los siguientes delitos:
Según el proceso judicial adelantado por la firma Largacha Torres y abogados, en este momento existen dos contratos para la realización de una misma labor; el firmado desde el 24 de septiembre de 2010, cuyo objeto contractual es asumir “por su cuenta y riesgo, mediante la modalidad de concesión, la administración, operación y mantenimiento Integral del Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad de Bogotá D.C- Colombia, en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de líquidos, con alternativas de aprovechamiento de los residuos que ingresen al RSDJ, provenientes del servicio ordinario de aseo.”
Y el firmado con la empresa Aguas de Bogotá, para el manejo, disposición y aprovechamiento de los escombros mixtos que se realiza en un predio con titularidad cuestionada, además sin la capacidad suficiente para asumir permanentemente la labor realizada.
Debido a la duplicidad del objeto contractual con dos entidades que realizan la misma función, el vocero de la firma de Abogados Daniel Largacha, señalan en la justificación de la denuncia penal que la directora de la UAESP, podría estar incurriendo en el delito de “Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales”.
Delito que en el artículo 410 de la ley 599 del 2000, señala que los servidores públicos que incurrirá en prisión de 64 a 216 meses y multa hasta de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Según Largacha, “Llama la atención también que, como se mencionó previamente, la existencia y celebración de dos contratos para la misma labor como se puede evidenciar en los documentos puestos en consideración”.
De la misma manera, la firma de abogados señala que, “la funcionaria podría incurrir en la conducta penal consagrada en la Ley 599 del 2000 como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en su artículo 416”. Esto al tratar de tomarse el predio por la fuerza e inducir al error a la Policía Nacional, para que realizaran por la fuerza la toma de un predio el cual no está bajo la titularidad del distrito de Bogotá.
Por último, se solicitó a la Fiscalía de la Dirección Especializada Contra la Violación de los Derechos Humanos que determine si mediante la perturbación a la posesión que se viene realizando, y en ejecución del irregular convenio suscrito con Aguas de Bogotá, se ha venido afectando el Bien Jurídico del Medio Ambiente, por la posible afectación de un predio sin licencia y permisos correspondientes.
Así como la intervención que siendo ejecutada por Aguas de Bogotá y la UAESP, que puede afectar el cauce del rio Tunjuelo, y a su vez, la tala indiscriminada de árboles en el lote que viene siendo afectado.
